Así lo dictamina la Resolución 372/2025, que inhabilita la existencia de centros de estudiantes que funcionen en el Servicio Penitenciario Federal.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prohibió los centros de estudiantes en penitenciarías federales a través de la Resolución 372/2025.
Tampoco se permitirá “la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.
La justificación que ofreció Bullrich para eliminar estos espacios de participación fue que los centros de estudiantes en penitenciarías «no están expresamente reconocidos legalmente» y «tergiversan la finalidad de readaptación social«.
Esta medida forma parte de las políticas de «mano dura» llevadas adelante por Bullrich, entre las que se encuentran que los presos realicen trabajo no pago dentro de las instalaciones y la derogación del Programa de Salud en contextos de encierro.
Aquellos privados de su libertad podrán continuar con el acceso a los estudios, pero ya no podrán permanecer en los espacios de estudio por fuera del cursado de materias.
Según el documento de la Resolución, esa permanencia «impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes» obligatorios para todos los internos.
A qué recintos se refirió Bullrich
Los centros de estudiantes en penitenciarías que referenció Bullrich son aquellos que funcionan en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPF CABA), el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV).
Allí, grupos organizados de personas privadas de la libertad «invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes», según la Ministra.
Para Bullrich estos grupos no están reconocidos legalmente, alteran la seguridad y tergiversan la finalidad de reinserción social impidiendo «el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad» dado que «permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario».
