Bolivia: Delegación Argentina denunció violaciones y persecución política

La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia compartió una declaración – elaborada a partir de su misión de observación sobre la situación de derechos humanos- que denuncia la responsabilidad directa del Estado por muertes, heridos, violaciones y otros abusos y vejaciones.

La Delegación estuvo compuesta de un equipo multidisciplinario de profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos y perseguidos políticos. Juan Grabois participó de la comitiva.

“El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas”, sostiene el documento difundido.

La declaración adelanta que recolectaron documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares – Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana – para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. 

La Delegación constato que el sistema represivo del gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de los y las bolivianas.

El documento afirmó que hubo masacres perpetradas contra población civil en Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, y en Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos.

El grupo de argentina denunció la desaparición forzada de personas; persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales (irrupción y destrucción de casas); y represión de manifestaciones públicas (uso indiscriminado de armas de fuego).

La Delegación constato situaciones de torturas, violaciones y delitos sexuales. “Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos”, puede leerse en el texto.

La comitiva solicitó a la comunidad internacional que se comprometa con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Por Emi Urouro