En la última sesión del período especial, la Cámara Alta tratará la aprobación definitiva de la reforma laboral y los cambios al Régimen Penal Juvenil. El oficialismo confía en reunir los votos, mientras gremios y organizaciones convocan a un paro nacional y movilización en rechazo a las medidas.
El Senado se prepara para una jornada clave este viernes, cuando debatirá dos de los proyectos más sensibles del paquete impulsado por el oficialismo. La reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La sesión marcará el cierre del período de extraordinarias y el oficialismo apuesta a convertir en ley ambas iniciativas, consideradas centrales dentro de su programa político y económico.
La denominada Ley de Modernización Laboral ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Luego fue tratada en Diputados, donde se eliminó el artículo 44, por lo que ahora regresa a la Cámara Alta. En paralelo, el proyecto de Régimen Penal Juvenil recibió media sanción en Diputados hace dos semanas, con 149 votos a favor y 100 en contra.
El debate se da apenas un día después de que el Senado aprobara el acuerdo Mercosur-Unión Europea y otorgara media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, en una seguidilla de votaciones que reflejan el ritmo acelerado con el que el oficialismo busca avanzar en reformas estructurales.
Reforma laboral: flexibilización y nuevas reglas
El proyecto de modernización laboral introduce cambios profundos en las relaciones de trabajo. Entre sus ejes se encuentra la implementación del “banco de horas”, que reemplaza el esquema tradicional de pago de horas extras por un sistema de compensaciones; modificaciones en el régimen de indemnizaciones; y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes salariales y contribuciones empresarias para cubrir despidos.
La iniciativa también habilita pagos por mérito y productividad, la posibilidad de abonar salarios en moneda extranjera o incluso en especie, y flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento.
Otro punto sensible es la ampliación del concepto de servicios esenciales. De aprobarse, sectores como telecomunicaciones, salud, educación, recolección de residuos y transporte aeronáutico deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza, lo que en la práctica limita el alcance del derecho a huelga. Además, se elimina la “ultraactividad” de los convenios colectivos, se establecen incentivos para el blanqueo laboral y se regulan las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales.
La eliminación del artículo 44, introducida en Diputados, implica que los trabajadores con enfermedades no vinculadas al empleo seguirán cobrando el 100% de su salario durante la licencia. En su versión original, el texto proponía reducir ese ingreso al 50% o 75%, según el caso.
Si el Senado no introduce nuevas modificaciones, la ley quedará sancionada y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Baja de la edad de imputabilidad: el eje más controvertido
La reforma del Régimen Penal Juvenil propone un nuevo marco normativo que, según el texto, se basa en principios de legalidad, proporcionalidad, celeridad y resocialización. No obstante, el punto más debatido es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El proyecto establece que la prisión será el último recurso y que deberá cumplirse en establecimientos especializados, bajo control judicial permanente. Para delitos graves -como homicidios, robos violentos o abusos sexuales- fija una pena máxima de hasta 15 años, con posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
En casos con penas menores a 10 años, se contemplan medidas alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento o reparación del daño.
La baja de la edad de imputabilidad no ataca las causas estructurales de la violencia ni mejora la prevención del delito. De aprobarse, decantará en un endurecimiento punitivo en lugar de fortalecer políticas sociales, educativas y de inclusión.
