Autovía de Punilla: Una nueva denuncia refleja que se viola el acuerdo de Escazú
Desde las Asambleas de Punilla solicitan de manera urgente una intervención para frenar los actos de violencia, violación de Derechos Humanos y destrucción ambiental que atraviesan a Córdoba. El colectivo ambientalista presentó una nueva denuncia por la violación del Acuerdo de Escazú en Punilla, Córdoba, en el proceso de imposición de la obra “ALTERNATIVA RUTA […]
Por Emilia Urouro | 05/09/2023
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Desde las Asambleas de Punilla solicitan de manera urgente una intervención para frenar los actos de violencia, violación de Derechos Humanos y destrucción ambiental que atraviesan a Córdoba.
El colectivo ambientalista presentó una nueva denuncia por la violación del Acuerdo de Escazú en Punilla, Córdoba, en el proceso de imposición de la obra “ALTERNATIVA RUTA 38- TRAMO VARIANTE COSTA AZUL-LA CUMBRE”.
En ese sentido, resaltan que dicho acuerdo existe, desde el año 2021, esencialmente para fortalecer “derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia”.
Pero que en el caso de la obra de Autovía en el valle de Punilla la violación a estos derechos "es de extrema gravedad".
En diálogo con EL RESALTADOR, Juan y Eugenia, activistas de las Asambleas de Punilla, comentaron que tienen expectativas favorables en torno a esta nueva presentación:
"Sostenemos las expectativas junto a toda la gente que está sufriendo las violencias de esta obra, no solamente de Córdoba, porque es una obra que implica el saqueo de Latinoamérica. Estos organismos deben cumplir su función. Cada nueva denuncia forma parte de la intención del pueblo de que esta obra se detenga"
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La denuncia fue presentada a:
- José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas
- Carlos De Miguel, encargado de Desarrollo Sostenible de la CEPAL
- David Barrio, encargado de Legales de la CEPAL
- Gabriela Burdiles, encargada de Asuntos Ambientales de la CEPAL
- Juan Cabandié, Ministro de Ambiente de la Nación Argentina,
- Mijael Kaufman, Representante del Acuerdo de Escazú por Argentina
- Juan José Bockel, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Los entrevistados nos comentaron que "no hay un tiempo de respuesta, pero la realidad es que se necesita de forma urgente".
Acuerdo de Escazú: Los puntos claves que se dejaron de lado
1 - Falta de acceso a la información: Ocultan su verdadera intención. Fue y es publicitada como una mejora vial local de la ruta nacional 38, escondiendo su verdadero propósito que es integrar uno de los tramos principales de transporte terrestre en el marco de un Corredor Bioceánico de la IIRSA – COSIPLAN. Hubo muchos casos de silenciamiento de información a la población, por parte del gobierno provincial, intendentes, empresa Caminos de las Sierras. Por ejemplo, en la Audiencia Pública “Obra Autovía – Alternativa ruta nacional 38” en el año 2021 no estuvo disponible en forma completa la información sobre el Estudio de Impacto Ambiental, y fue publicada durante la audiencia gracias a la presión social.
2 - Falta de participación pública en los procesos de toma de decisiones:
Ninguna de las Audiencia Públicas relacionadas con esta obra fue tenida en cuenta la opinión de la
ciudadanía. La primera fue en 2017, cuando engañosamente fue presentada como “un puente”, y luego se daría a conocer la verdadera magnitud. Hubo un 70% de rechazo. La segunda fue en 2018, con un 80% de rechazo, y se otorgó la Licencia Ambiental sin explicar por qué la opinión popular no era tenida en cuenta. La tercera fue en 2021, fue una audiencia virtual, donde se dificultó el acceso a la población, y a pesar de eso hubo record de personas que dieron su palabra, siendo un caso histórico dado que la audiencia duró un mes y medio, resultando un 90% de rechazo.
Un punto de gran importancia es que TODOS LOS MUNICIPIOS DE PUNILLA INCUMPLIERON LAS
NORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL OTORGAR LOS
PERMISOS A ESTA OBRA.
3 - Falta de acceso a la justicia:
Desde el poder judicial de Córdoba se rechazaron continuamente los Hábeas Corpus preventivos para preservar la integridad física de las personas defensoras ambientales que se movilizaban denunciando las ilegalidades de la obra.
El 6 de mayo de 2022 se presentó, nuevamente, un Hábeas Corpus previendo las situaciones de
violencia policial que podían acontecer y que lamentablemente se perpetraron. Por ejemplo, el 10 de mayo del mismo año la policía de Córdoba llevó adelante un operativo nocturno con características de Terrorismo de Estado en el cual ocurrió el desalojo ilegal de un acampe vecinal en la zona de Molinari.
"El Gobierno quería cortar totalmente el repudio a esta obra y con ese acto terrorista dejar muda y quieta a la población y eso no ocurrió: todos los días, las personas están entorpeciendo el accionar de las topadoras y sigue defendiendo sus derechos", expresaron Juan y Eugenia.
Como respuesta a esta falta de acceso a la justicia, nos contaron que después del desalojo del acampe surgió la Brigada Territorial del Yuspe como modo de seguir en el territorio, yendo a hacer registros para denunciar lo que se está haciendo. Aquí empieza a suceder el freno de las máquinas, lo que genera que el Gobierno tenga que mostrar públicamente su fuerza represiva cómo único modo de acción sobre el reclamo.
4 - Represión ilegal, golpes, amenazas, falta de cumplimiento de protocolos policiales:
Durante el año 2022 fueron violados constantemente los derechos de las personas defensorasambientales (artículo 9 del Acuerdo de Escazú): Represión policial, brutalidad policial, falta de cumplimiento de los protocolos policiales, falta de cumplimiento de protocolos de género, detenciones arbitrarias, detenciones en lugares ilegales, amenazas de muerte expresadas por policías a defensores ambientales, establecimiento de perímetros ilegales, movilización desmedida de personal policial en las zonas de obra, militarización de barrios urbanos, cierre policial de caminos públicos, despliegue de policías de civil, infiltración de manifestaciones.
Todo esto con aval del Gobierno Provincial, operado según órdenes de los jefes policiales zonales, con conocimiento de la fiscalía regional, y sin ninguna intervención del Gobierno Nacional.
El Gobierno tuvo que redoblar su apuesta, y quedar totalmente expuesto a que no tienen más argumentos y solamente usan la fuerza y la brutalidad para avanzar con la obra.
Juan y eugenia, ambientalistas de punilla
En agosto del 2022, la Jueza Ferreyra del Juzgado de Control y Faltas N° 9 concedió un Habeas Corpus preventivo y Colectivo, a pesar de ello, ni el Ministro de Seguridad ni la Jefa de la Policía de la provincia avanzaron en la aplicación del Acuerdo de Escazú como mandaba el fallo.
5 - Judicialización de personas defensoras ambientales:
En el marco de las protestas contra esta obra, dieciocho personas han sido imputadas por delitos como resistencia a la autoridad y daños. Las imputaciones están cargadas de errores, omisiones, falsedades, tergiversaciones de los hechos, testimonios falsos de policías. Seis de esos casos han sido elevados a juicio.
Construir otro futuro
Desde las Asambleas de Punilla invitan a pensar en cómo queremos que sea el 'después': "Que hicimos como población frente a esta violencia del Gobierno en el 2022. Cómo queremos que sea lo que se viene, cómo queremos construir ese futuro. Si vamos a permitir que estás cosas sigan impunes, que sigan destrozando nuestros territorios o si vamos a construir colectivamente otro mundo posible".
En ese sentido, este miércoles se cumple un año del desalojo ilegal al acampe pacífico de Molinari/Cosquín, y habrá movilización hacía los Tribunales de Cosquín.
La convocatoria es el 10 de mayo a las 10:00, en la plaza San Martín (Cosquín)
"Cada reunión, cada acto de desagravio que rescate la verdad y que pida justicia es un ladrillo para construir algo diferente"
