Bajo el argumento de “facilitar el acceso a tecnología médica”, el Gobierno nacional habilitó la importación de equipos médicos usados y reacondicionados con controles reducidos y menor intervención estatal.
A través de la Disposición 224/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Gobierno nacional modificó el procedimiento para la importación de productos médicos usados y reacondicionados.
La medida, que entrará en vigencia a los 45 días de su publicación en el Boletín Oficial, se presenta oficialmente como una política para “facilitar el acceso a tecnología médica de calidad” y ampliar las prestaciones de los centros de salud, especialmente los más pequeños.
No obstante, detrás del discurso de modernización y acceso, la norma promueve interrogantes serios sobre el debilitamiento de los controles sanitarios, la mercantilización de la salud y el riesgo de convertir a la Argentina en un mercado de destino para tecnología médica descartada por los países centrales.
Menos controles, más mercado
La disposición reemplaza una normativa vigente desde 2007 y se inscribe en el marco del Decreto 273/2025, uno de los pilares de la agenda de desregulación impulsada por el Gobierno. No es casual que quien celebró públicamente la medida haya sido el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los principales cambios, se amplía el universo de actores habilitados para importar equipos médicos usados y se habilita el ingreso de productos usados que, a criterio del importador, no requieren reacondicionamiento, siempre que cuenten con un certificado de “buen funcionamiento”. Además, para los productos médicos de bajo riesgo (clases I y II), ANMAT deja de intervenir de manera previa. Ya no será necesaria una autorización, sino apenas un “aviso de importación” presentado con posterioridad a la nacionalización del bien, bajo carácter de declaración jurada.
En los hechos, el control estatal previo es reemplazado por la responsabilidad del importador, trasladando al mercado una función clave de resguardo de la salud pública.
¿Tecnología accesible o descarte del Norte Global?
Uno de los puntos más sensibles de la normativa es la habilitación de la importación de equipamiento médico usado sin reacondicionamiento obligatorio. En un contexto global marcado por la rápida obsolescencia tecnológica, la medida despierta una pregunta incómoda: ¿qué tipo de equipos llegarán al país y bajo qué estándares reales de calidad y seguridad?
La posibilidad de ingresar equipos usados con certificados emitidos en el exterior, sin un proceso uniforme y obligatorio de reacondicionamiento, habilita que Argentina se convierta en un destino para tecnología que ya no cumple los estándares exigidos en países de alta vigilancia sanitaria. Bajo el argumento del “acceso”, se corre el riesgo de legitimar una lógica de descarte sanitario, donde los países periféricos absorben equipamiento que el centro ya no utiliza.
ANMAT debilitada
Si bien la normativa mantiene la exigencia de autorización previa para productos de mayor riesgo (clases III y IV, como tomógrafos), el relajamiento de controles para los de menor complejidad no es un dato menor. Ecógrafos, instrumental y otros equipos ampliamente utilizados en diagnósticos cotidianos quedarán sujetos a controles posteriores que, en un Estado con capacidades de fiscalización limitadas, difícilmente puedan garantizar una supervisión efectiva.
La reducción del rol de ANMAT no solamente debilita a un organismo clave del sistema sanitario, sino que introduce una lógica regresiva en materia de regulación: menos control estatal en nombre de la eficiencia, aun cuando están en juego prácticas diagnósticas y terapéuticas que impactan directamente en la vida de las personas.
Una falsa solución a problemas estructurales
El Gobierno sostiene que la medida permitirá ampliar prestaciones, reducir derivaciones y mejorar el acceso a diagnósticos oportunos. Sin embargo, la importación de equipamiento usado no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud argentino: el subfinanciamiento crónico, la desigualdad territorial, la falta de inversión sostenida en hospitales públicos y la ausencia de una política industrial sanitaria que reduzca la dependencia externa.
Así, la norma profundiza una lógica de corto plazo basada en soluciones de mercado, que beneficia principalmente a los actores con mayor capacidad económica y técnica para importar, certificar y mantener estos equipos. Para muchos establecimientos públicos o pequeños centros de salud, la supuesta accesibilidad puede traducirse en mayores riesgos, costos ocultos y dependencia de servicios técnicos privados.
Desregulación encubierta
Bajo el lema de “menos burocracia y más salud”, la Disposición 224/2026 consolida una tendencia preocupante: la equiparación entre desregulación y bienestar sanitario. En un país atravesado por profundas desigualdades en el acceso a la salud, reducir controles no garantiza derechos, sino que expone a pacientes y trabajadores a nuevas vulnerabilidades.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿se trata de una política sanitaria orientada a garantizar el derecho a la salud o de una nueva etapa de desregulación que convierte a la Argentina en un mercado de descarte para la tecnología médica global?
