El Gobierno presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos buitres. La sentencia, impulsada por Burford Capital y Eton Park, exige una indemnización de US$16.100 millones.
El Gobierno argentino presentó una apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a fondos buitres, como parte del juicio por la expropiación realizada en 2012.
La decisión se formalizó el pasado 9 de julio mediante un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York. La apelación fue presentada sin esperar la resolución de la jueza sobre el pedido de “stay” -una solicitud previa del equipo legal argentino para suspender la ejecución del fallo mientras avanza su revisión-.
El escrito fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina en el litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park.
El origen del conflicto
Burford Capital es un megabufete especializado en la compra de derechos de litigio por sumas relativamente bajas con la expectativa de obtener grandes ganancias, una práctica característica de los llamados “fondos buitres” en la jerga financiera de Wall Street.
La firma adquirió en España el derecho a demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, empresas controladas por la familia Eskenazi, que en 2012 poseían el 25% de las acciones de YPF.
Ese año, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso argentino aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la empresa española Repsol. Por esa operación, se pagaron US$5371 millones. Sin embargo, los accionistas minoritarios no recibieron una oferta pública de adquisición (OPA) ni se les permitió cobrar dividendos por un tiempo, lo que, según los demandantes, provocó una pérdida en el valor de sus acciones.
La jueza Preska consideró en primera instancia que la Argentina violó el estatuto de YPF al concretar la estatización, perjudicando así a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Petersen Inversora. En consecuencia, condenó al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones, aunque eximió de responsabilidades a la petrolera YPF.
