En el informe «Disenso en riesgo», la organización señala el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias, por parte de las autoridades. Piden la derogación de la medida.
A través del sitio web «Disenso en riesgo», Amnistía Internacional exige al Gobierno de Milei, la derogación del protocolo antipiquetes de Bullrich.
Allí, documentaron a través de una línea de tiempo, un un patrón de represión y criminalización hacia quienes salieron a las calles a expresar su disenso. Específicamente, señalaron que se dio desde la implementación del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, conocido como Protocolo Anti-piquetes.
Destacan que, en 15 manifestaciones contra el gobierno relevadas, se constataron:
- 1155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves.
- 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión.
- 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones.
- 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.
A partir de lo relevado, apuntan que observaron «un uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva».
En este punto aclaran que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, lo que no se ha respetado desde la implementación del protocolo antipiquetes de Bullrich, según Amnistía Internacional.
«El uso indebido del derecho penal para criminalizar las protestas contradice los principios de un estado de derecho», indican.
En «Disenso en riesgo», agregan que al menos 50 periodistas fueron agredidos por las fuerzas de seguridad. Y destacan el rol de la prensa: «Las filmaciones, fotografías y testimonios de la prensa libre funcionan como un control exógeno de la actuación de las fuerzas de seguridad, siendo en innumerable cantidad de ocasiones la fuente de prueba respecto de cómo sucedieron los hechos realmente».
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Por último, urgen al gobierno nacional «adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales». Entre ellas mencionan:
- la derogación del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza.
- desterrar las detenciones arbitrarias, los actos de violencia y el uso de la fuerza desproporcionada como mecanismo de disuasión frente a manifestaciones pacíficas.
- limitar el uso de armas menos letales bajo principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, e investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables del uso ilegítimo y excesivo de la fuerza.
- Es imperativo proteger a periodistas y trabajadores de prensa, asegurando que puedan ejercer su labor sin restricciones ni violencia.
