Durante su informe de gestión ante Diputados, el jefe de Gabinete rechazó las acusaciones en su contra, defendió el uso del avión presidencial y atribuyó las críticas a maniobras políticas de la oposición. Persisten dudas sobre su patrimonio y viajes privados.
En una intervención marcada por el intento de cerrar filas frente a las denuncias que lo involucran, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó haber cometido irregularidades y buscó despejar las sospechas de presunto enriquecimiento ilícito durante su presentación ante la Cámara de Diputados.
Lo hizo antes de someterse a las preguntas de los distintos bloques legislativos, en un clima de tensión política y bajo la mirada del presidente Javier Milei, presente en el recinto.
“No hubo delito”, afirmó de manera categórica, en lo que fue interpretado por la oposición como un intento de clausurar el debate público en torno a las denuncias. Uno de los ejes centrales de su defensa fue el cuestionado viaje a Nueva York de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial ARG 01. Según explicó, la Justicia ya habría determinado que Angeletti viajó como invitada únicamente en el tramo de salida del país y regresó en un vuelo comercial, sin generar gastos para el Estado.
Adorni sostuvo además que no existieron erogaciones en concepto de viáticos, alojamiento o alimentación vinculadas a ese viaje, y remarcó que la documentación oficial no presenta irregularidades. Sin embargo, la polémica radica en el uso de recursos públicos y los criterios éticos que deberían regir la conducta de los funcionarios.
En este sentido, el jefe de Gabinete reconoció haber pedido disculpas, aunque relativizó el alcance del gesto al señalar que fue utilizado políticamente para “obstaculizar la gestión”. La estrategia discursiva apuntó a trasladar el foco hacia la oposición, a la que responsabilizó por amplificar las sospechas.
Otro de los puntos sensibles abordados fueron los viajes privados de alto costo, cuyos montos no se condicen -según distintas denuncias- con sus ingresos declarados. Adorni intentó marcar una línea divisoria entre su rol público y su vida privada: aseguró que todos los viajes familiares fueron financiados con recursos propios y que no corresponde compararlos con el ejercicio de la función pública desde el punto de vista legal.
También rechazó las versiones contradictorias de su allegado Marcelo Grandío sobre un viaje en avión privado a Punta del Este, al calificarlas de “tendenciosas y falsas”. En la misma línea, negó la existencia de contrataciones entre el Estado y Grandío, así como cualquier vínculo contractual con su esposa en el ámbito público.
Como gesto hacia la transparencia, anunció que presentará su nueva declaración jurada antes del 31 de julio, donde detallará su patrimonio. No obstante, insistió en que las cuestiones bajo investigación deben resolverse exclusivamente en sede judicial, una postura que fue cuestionada por sectores opositores que reclaman explicaciones políticas además de las legales.
En paralelo, continúan las investigaciones sobre la adquisición de inmuebles a su nombre, que habrían sido financiados por terceros -incluidas personas jubiladas- en operaciones que no se corresponderían con su capacidad económica declarada. Este aspecto, aún bajo análisis, refuerza las dudas que el propio funcionario buscó disipar en el Congreso.
