Actrices Argentinas repudian la prisión domiciliaria para abusadores y femicidas

Desde Actrices Argentinas repudian el accionar de cualquier juez que otorgue prisión domiciliaria -en el marco de la emergencia por COVID-19- a sentenciados o acusados por femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género.

La organización feminista emitió un comunicado para criticar ese tipo de resolución judicial, el texto responde a las medidas tomadas por el Juez Víctor Violini, en pos de acusadas por delitos motivados por la violencia de género.

Ante el contexto de emergencia de la pandemia mundial y el aislamiento social, la agrupación feminista, comprende y apoya que el sistema penitenciario deba ser reformulado sanitariamente para evitar contagios. Pero alerta sobre el otorgamiento de prisión domiciliaria para ciertos detenidos.

"Frente a esta urgencia se comunicó que, excepcionalmente, se otorgaría prisión domiciliaria y monitoreo a presos por delitos menores, que sean pacientes de riesgo sanitario, embarazadas y madres de niños pequeños, siempre que no hayan cometido delitos violentos", puede leerse en el documento de Actrices Argentinas.

Siguiendo la idea del párrafo anterior, la organización cuestiona el accionar de algunos jueces, ya que considera que transgredieron las especificaciones estipuladas. Advierte que detenidos y procesados por violación, abuso y violencia de género fueron beneficiados con prisión domiciliaria.

"Estos casos no pueden ser excarcelados. Su prisión domiciliaria habilita una revictimización de quien ya se sometió al tortuoso proceso de denunciarlo; pone en riesgo su vida y la de posibles nuevas víctimas. La justicia debería velar por los derechos de la parte más vulnerable por su condición de víctima, por su condición de niña o niño y por su género", enfatiza el comunicado.

La agrupación solicita jueces responsables, es decir, funcionarios que garanticen que ninguna medida de emergencia perpetúe este flagelo. Sobre este punto, resaltan la existencia de la Ley Micaela, que promueve una formación en perspectiva de género obligatoria para los tres poderes.

"Pedimos que se dispongan recursos que garanticen medidas sanitarias para la población penitenciaria, pero exigimos que eso no implique poner en peligro a mujeres, diversidades y niñes", finaliza el comunicado.