Nuevamente la violencia de género se refleja de manera extrema en el Poder Judicial y en la Policía: en Salta, una mujer fue víctima de un abuso sexual por parte de un efectivo que debía custodiarla. Hablamos con María Victoria Aguirre, vocera Nacional de Mumalá, sobre el caso.
Una mujer en Salta denunció que fue abusada por un policía. El agente estaba designado para cubrir una consigna fija para «cuidarla» por estar situación de violencia de género, pero fue el auto del hecho.
La acusación fue presentada el miércoles pasado y el acusado, el policía Alberto Rubén Martínez, fue imputado como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad, en ocasión de sus funciones.
“Tengo una denuncia por amenazas de muerte y ahora este problema, porque al custodio sé que lo echaron y está detenido. Hoy temo más que nunca por mi seguridad, es muy lamentable”, expresó la mujer a el diario El Tribuno.
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Sobre el caso, Aguirre comentó: «Lo primero que ocurre es que no hay un verdadero compromiso de la instituciones con la implementación de la Ley Micaela y lo que significa sensibilizar a la Fuerza en materia de géneros y diversidad. Hay que revisar los protocolos de las instituciones y exigir el cumplimiento o la puesta en marcha de los mismos».
Sin ir más lejos, desde Mumalá informaron que el 10% de los femicidios, registrados al 29/10, fue cometido por personal integrante de las fuerzas de seguridad. Es decir, se han perpetrado cerca de 19 femicidios en lo que va del año, por personas que deberían estar velar por la seguridad, pero «están siendo autores de este tipo de actos atroces que guardan relación directa con la violencia de género y el abuso de poder».
Para la entrevistada, el acompañamiento y la visibilización de estas situaciones son clave para que tener real dimensión de hasta dónde llega el abuso de poder. Pero sobre todo para poder contener a las personas vulneradas en la lucha y exigencia al Estado y a las instituciones.
Son los tres poderes estatales quienes tienen que activar los protocolos de erradicación de la violencia: «Nosotras lo que exigimos concretamente es la prevención, no llegar a estas instancias. Erradicar la violencia de género es una decisión política, que todavía en lo real no vemos que se esté llevando adelante».
La falta de abordaje de las políticas públicas en materia de género y diversidad, son decisiones políticas que no se están tomando, planteó María Victoria.
«Los casos de abuso de poder por parte de las Fuerzas de Seguridad, deben ser tratados con celeridad y con la sanción acorde a las múltiples violencias que confluyen en el hecho. No sólo hablamos de violencia de género sino también de abuso de poder, acoso sexual, re victimización», expresó la referente de mumalá.
Aguirre considera que faltan oficinas especializadas en las instituciones o fuera de ellas, que sean de resguardo y confidencialidad, debido a que el abuso también existe hacia adentro de las fuerzas. Y esa es la cultura que hay que erradicar: «La Ley Micaela y la ESI son dos herramientas fundamentales, pero sin la decisión política de romper los estereotipos no son suficientes».
La entrevistada señaló que primero que el Estado debe asumir que estamos en #EmergenciaNiUnaMenos y a partir de eso, monitorear y controlar la implementación de estas leyes y de los protocolos que cada institución debería tener para abordar la temática.
«Entender la violencia de género no como un hecho aislado sino como una situación a la que nos encontramos expuestas constantemente tiene que ser la mirada que permita cambiar la realidad que las mujeres y la el colectivo disidente vivimos», concluyó la vocera de mumalá.
Si estás en situación de violencia de género podés comunicarte con la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribiles por WhatsApp al 1127716463, es gratis y funciona en cualquier parte del país, las 24 horas.
En la provincia de Córdoba, también contamos con la asistencia del Polo Integral de la Mujer (Entre Ríos 680, capital), cuyo personal esta de guardia las 24 horas, todos los días del año. O llamando al 0800-888-9898, una línea gratuita que recepta denuncias las 24 horas.
