La organización alerta sobre el peligro que presenta para la democracia la proscripción de Cristina a través de un fallo plagado de irregularidades.
La organización de DDHH Abuelas de Plaza de Mayo se pronunció contra la proscripción a CFK en un comunicado en el que calificó la decisión de la Corte Suprema de condenar a la expresidenta por la Causa Vialidad como un «ataque a la democracia«.
Abuelas declaró en su texto: «Repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región, decidida por una Corte Suprema que –como buena parte del poder judicial– responde a un sector de la política«, indica la organización de Derechos Humanos.
«Cuando la justicia se utiliza para distorsionar de forma tan brutal el tablero político, la democracia está en peligro (…) dejar fuera de juego a esta dirigente tan representativa para el país, dos veces presidenta de la Nación y líder del principal partido opositor, es una irresponsabilidad histórica cuyos costos terminará pagando toda la sociedad» agrega el comunicado compartido en redes sociales.
Silenciar a la ciudadanía
Abuelas continuó su repudio a la proscripción de Cristina calificando al 10 de junio como «un día aciago para la patria«, en el que la decisión judicial pretende «silenciar a una porción enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, tras años y años de estigmatización y deshumanización».
Concluye el mensaje, anhelando que «el pueblo argentino entienda que no estamos frente a una mera disposición judicial, sino que se trata de una operación orquestada para reconfigurar, de manera completamente restrictiva y regresiva, los márgenes del escenario político y social«.
¿Por qué se habla de proscripción?
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, reconocida internacionalmente por su labor por los Derechos Humanos, repudia la proscripción a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en tanto la condena emitida por la Corte Suprema es la culminación de un proceso judicial altamente irregular y parcial.
Desde jueces amigos de Mauricio Macri, el principal opositor a Cristina, pasando por auditorías que no encontraron anomalías, falta de pruebas, presupuestos que fueron aprobados por el mismísimo Congreso, personas en la cadena de mando que jamás fueron enjuiciadas recayendo todo el peso en CFK y una condena que viola el principio de inocencia entre otros muchos desvaríos, hacen de la causa un caso típico de lawfare en donde el poder judicial aliado a ciertos sectores del poder político y económico persigue y proscribe dirigentes populares que podrían derrotarlos en las urnas.
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, adelantó en X (ex Twitter) que justamente por todas estas consideraciones el caso de la ex presidenta ya fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya y será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si este organismo considera que se han violado garantías fundamentales, la causa debe ser reabierta.
