A río revuelto, ganancia de especuladores: aclaraciones sobre las posesiones en Cuesta Blanca

Por La Tinta

El 29 de octubre fue el día “D” -con “D” de desalojo- en el país. Ese día, se resolvieron casi en simultáneo dos conflictos judiciales por tierras que hacía semanas ocupaban las primeras planas de los diarios. Como si fuera un mensaje y una advertencia, ese día, distintas justicias, de diferentes jurisdicciones, fallaron contra el derecho a la tierra y a la vivienda, y ejecutaron desalojos en la toma de Guernica (Provincia de Buenos Aires) y en el terreno reclamado por Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas (Entre Ríos).

Fue un día de festejos para la derecha -fuera y dentro del gobierno de Alberto Fernández, vale decir-, que celebraron que haya familias en la calle, en pos de un supuesto derecho superior que se veía amenazado: el derecho a la propiedad privada.

Pero tanta miseria no sería suficiente, nunca lo es. Envalentonados, fueron por más, intentando extender su tono triunfalista desalojador a conflicto territorial existente en cualquier punto del territorio nacional. Es en ese contexto que, durante la última semana, se dio notoria visibilidad a determinados conflictos en Córdoba, como el de Cuesta Blanca, que vale la pena explicar para no caer en malentendidos y operaciones mediáticas-judiciales de especuladores que tienen otras intenciones, como lo fue la denuncia por usurpación a brigadistas que intentaban sofocar un incendio en San Pedro Norte.

La denuncia

El 2 de noviembre -apenas unos días después del “día D”-, el abogado Eduardo Sosa, vecino de Cuesta Blanca, presentó una denuncia colectiva por “usurpaciones masivas” de terrenos en esa localidad serrana.

Según señaló Sosa, se trata de “sujetos de extrema peligrosidad” que conformaron una asociación ilícita para tomar tierras aprovechándose de la cuarentena e ingresar a terrenos cuyos dueños no viven allí. En su raid por los medios, Sosa acusó que son “patotas violentas”, que podrían estar vinculadas a la banda delictiva “Los Monos”, de Santa Fe, y además anticipó: “Hemos tomado conocimiento que se planifica una toma de 3.000 familias en una reserva natural cercana al Diquecito, donde ingresarían con camiones provenientes desde la localidad de Cabalango”.

Cuarentena + toma masiva de tierras fue una fórmula ideal para decenas de medios en todo el país que levantaron la noticia de manera automática y escandalizada, sin muchas precisiones ni contextualización.

Así fue que, por error o malintención, los medios mezclaron en la misma bolsa usurpaciones con fines inmobiliarios, nuevas posesiones en el marco de la ley y procesos de posesión ya consolidados hace años.

El legítimo barrio Comechingones de Cuesta Blanca

Desde el año 2012, unas 50 familias vienen ejerciendo la posesión pacífica, pública y continua de tierras en barrio Comechingones de Cuesta Blanca, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial.

La ley 9.150 establece que “hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. En otras palabras, legalmente, la posesión implica tener un terreno o vivienda y actuar como dueñe, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad. Para ello, la persona debe realizar “actos posesorios” como cuidar el terreno y habitarlo pacíficamente. Precisamente eso es lo que vienen haciendo las familias de barrio Comechingones sobre terrenos cuya titularidad dominial pertenecía a dos empresas ya extintas: Crosetto & Compañía y Cuesta Blanca S.A.

Las familias poseedoras no sólo se encuentran en regla conforme a la ley, sino que recibieron, en 2017, el reconocimiento del Gobierno Nacional al poder tramitar su Certificado de Vivienda Popular, en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

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Consultada por Radio Panamericana, Anuca, vecina del barrio Comechingones, puntualizó que, en Cuesta Blanca, “el 80% son tierras que no tienen titularidad formal y están aptas para la posesión”, y remarcó que sólo está mal visto cuando son familias las que ocupan esos terrenos, pero que, cuando se trata de negocios inmobiliarios de escribanos, empresarios y funcionarios judiciales, no sucede nada. “La mayoría de usurpaciones en Cuesta Blanca son organizadas por especuladores inmobiliarios, no por familias que buscan la posesión”, aclaró.

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Y respecto a la instalación del tema en este momento, indicó: “Creo que se hacen eco de un contexto nacional y aprovechan el momento para criminalizar y estigmatizar la ocupación de las tierras (…) Se aprovechan de una situación nacional, sabiendo que los noticieros les van a dar aire, para salir con estas mentiras y difamaciones“.

En este sentido, les vecines remarcan un dato importante respecto al abogado Eduardo Sosa. Según señalan, Sosa se encuentra actualmente imputado por los presuntos delitos de “uso de instrumento público falso” y “estafa procesal”, cuando se desempeñaba como procurador del municipio de Villa Yacanto de Calamuchita. En otras palabras, el abogado, que denuncia usurpación en Cuesta Blanca, fue acusado de realizar maniobras inmobiliarias con terrenos de terceros mientras desempeñaba una función pública.

Nuevos poseedores

Ni masivas ni organizadas, ni barras bravas ni violentas, pero, efectivamente, algunas familias produjeron este año actos posesorios en tierras sin titularidad en Cuesta Blanca.

“Nos fijamos qué terrenos estaban vacantes, son de una empresa inhibida judicialmente hace veinte años, esta empresa es Cuesta Blanca S.A”, indicó a La Izquierda Diario una de las vecinas de la manzana 33, que comenzó a hacer posesión en agosto de este año.

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“Esto no es una usurpación porque son terrenos que no tienen ningún poseedor, no han dejado sucesiones, no hay herederos sobre esta tierra. Estamos haciendo uso de nuestro derecho poseedor. Otra cosa que hay que desmentir es que dicen que estamos haciendo un emprendimiento inmobiliario y acá lo único que queremos es tener nuestra casa, nuestra vivienda digna”, expresaron.

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Y agregaron: “Invitamos a cualquier medio a que se acerque y también que investigue sobre cómo llegan las empresas acá a Cuesta Blanca, como son las empresas Cuesta Blanca S.A. y las otras empresas. Estos lotes fueron cambiados por lotes ubicados en el terreno del ex centro de detención de La Perla, entonces, está bueno que puedan investigar sobre quiénes son y cómo se mueve esta gente. Similar a lo que sucedió en Guernica y donde los que dicen ser dueños de los terrenos, pero no tienen título de propiedad, y hay que remontarse a la época de la dictadura para saber cómo adquirieron esas tierras”.