El Consejo Superior de la UNC aprobó un proyecto que implica el aumento del comedor en un 8600% respecto al precio que tenía antes de la pandemia Covid-19. La ración costará $348 para estudiantes y $667 para docentes y no-docentes, con un esquema de actualización de precios acorde a la inflación.
Por Pedro Bonet
Este lunes 20 de marzo reabrió sus puertas el comedor universitario pero de una manera muy selectiva, ya que como lo ha anunciado la gestión de la UNC en su página oficial, se empezó a implementar el proyecto “Comedor 360” diseñado por la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización. Presentado como un “proyecto que apunta a desarrollar un plan estratégico de gestión y puesta en valor del Comedor Universitario” para asegurar “la sostenibilidad del servicio”, este proyecto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior el pasado 6 de diciembre del 2022, mientras se llevaba adelante la última sesión ordinaria del año en plena efervescencia por el mundial de Qatar.
Si bien, la gestión de la UNC anunció que este proyecto contempla el otorgamiento de becas, no deja en claro cuántas serán ni tampoco dice en ningún lugar que se les mantendrá la beca a los estudiantes que ya la tenían de años anteriores. Los requisitos que exigen para el otorgamiento de la beca nutrirse 2023, donde se dice explícitamente que tendrán la prioridad aquellos estudiantes que “al momento de la evaluación no tengan aprobado otro beneficio de carácter similar”, deja en claro cómo la gestión de Boretto-Marchisio concibe al comedor universitario no ya como un derecho indispensable para poder estudiar, sino como un servicio que brinda la universidad como si ésta fuese una empresa privada.
Aunque esta medida está claramente orientada a sacarle el derecho a la educación pública a miles de estudiantes, ya que con hambre no se puede pensar ni estudiar, para el estudiantado de Córdoba no es ninguna novedad el vaciamiento que está sufriendo el comedor universitario, ahora camuflado de un proyecto que busca ampliar su alcance, duplicando sus raciones para quienes la puedan pagar.
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Durante la rebelión educativa del 2018, una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil -por la que 27 estudiantes de la UNC quedaron procesados- era justamente el aumento del presupuesto para que el comedor universitario disponga de más raciones de comida. Por ese entonces, el costo del comedor era de $4 para las y los estudiantes y de $6 para docentes y no-docentes (precio fijado desde el año 2009), y disponía de 2100 raciones para una comunidad universitaria de 300.000 personas aproximadamente. Quedarse sin un plato de comida luego de haber hecho la fila durante más de una hora en el comedor, era una moneda corriente para muchos estudiantes de la UNC.
En el 2019, el movimiento estudiantil siguió poniendo la situación del comedor en la agenda pública, esta vez, organizando ollas populares en conjunto con organizaciones territoriales afuera del comedor para garantizar un plato de comida a todo el estudiantado que se quedaba sin comer por la implementación de un nuevo sistema de reserva digital que dificultaba el acceso a las raciones.
Durante el 2020, la anterior gestión de la UNC de Juri y Yanzi, aprovechó la cuarentena y la fragmentación de los lazos sociales que generó la pandemia del Covid-19 para cerrar el comedor universitario, desde ese entonces la antigua sede de la calle Belgrano no volvió a funcionar. A su vez, en marzo del año pasado, cuando la anterior gestión anunciaba la reapertura del comedor hubo un gran revuelo por las enormes trabas burocráticas que impusieron para las inscripciones de la Beca Nutrirse, que fue la única condición para que los estudiantes puedan acceder al comedor universitario, mientras que a los y las docentes y no-docentes se les negó la posibilidad de comer en el comedor.
Hoy, con esta medida diseñada y planificada por el Secretario de Bienestar Universitario y Modernización Matías Lingua, el comedor ha dejado de ser un derecho conquistado por la lucha de varias generaciones para ser un servicio que se ofrece a quienes puedan pagar por él: $348 para estudiantes, $667 para docentes y no-docentes, y $800 para personas extra-universitarias. Con un esquema de actualización de los precios cada dos meses (según el comunicado oficial) en un contexto donde las condiciones de vida del pueblo están cada vez más deterioradas producto de la continua y acelerada inflación que se vive en el país.
La única garantía para que esta medida no pase desapercibida y se empiece a naturalizar entre la población universitaria es que emerja (como ocurrió en el 2018) un masivo y contundente movimiento estudiantil, organizado en amplias asambleas que practiquen la verdadera democracia: la democracia directa. Donde el primer enemigo a vencer será toda la masa de indiferentes, que como dijo el pensador italiano Antonio Gramsci, son los principales responsables de las fatalidades en la historia, ya que su indiferencia y pasividad es un peso muerto que obstaculiza la voluntad colectiva de una comunidad.