A dos años de la masacre de Barracas, el caso finalmente llega a juicio oral. El inicio del proceso, previsto para el próximo 18 de mayo, no solo reactualiza la brutalidad del crimen, sino que vuelve a poner en el centro del debate las responsabilidades institucionales, los discursos de odio y la violencia estructural que atraviesa a las lesbianas en Argentina.
El 6 de mayo de 2024, Andrea, Pamela y Roxana fueron asesinadas en un ataque que tuvo como único sobreviviente a Sofía, quien quedó con graves heridas. Desde entonces, organizaciones feministas y de la diversidad vienen denunciando que no se trató de un hecho aislado, sino de un crimen de odio: un lesbicidio.
El acusado, Justo Fernando Barrientos, había hostigado durante años a las víctimas. Las amedrentaba, insultaba y acosaba sistemáticamente. Las perseguía por lesbianas. Ese señalamiento no es menor: para quienes siguen el caso, la orientación sexual de las víctimas fue el motivo central del ataque, aunque todavía persisten disputas judiciales sobre cómo será tipificado el crimen.
El juicio y las disputas de fondo
El proceso judicial que comenzará en mayo estará atravesado por debates clave. Uno de ellos es el reconocimiento del ataque como un crimen de odio por orientación sexual, algo que las organizaciones consideran imprescindible para dimensionar la gravedad del hecho.
A esto se suman cuestionamientos sobre las irregularidades en la investigación inicial, así como el rol del contexto político y social. Lejos de ser un telón de fondo, ese contexto aparece como parte de las condiciones que habilitan y profundizan la violencia.
“Que se nombre el lesbicidio”
En el marco del segundo aniversario, desde la organización Alerta Torta difundieron un documento en el que insisten con una serie de reclamos urgentes:
- Justicia real por Pamela, Roxana y Andrea.
- Reparación histórica para Sofía, única sobreviviente y testigo.
- Que se nombre el lesbicidio.
- Políticas públicas para paliar la emergencia habitacional.
Además, convocaron a una concentración este sábado 9 de mayo a las 17 horas en Plaza de la Intendencia, para sostener la memoria colectiva y el reclamo de justicia.
Violencia estructural y responsabilidad estatal
Desde los espacios organizados subrayan que el crimen no puede entenderse únicamente como la acción individual de Barrientos. “A Barrientos le molestaban sus identidades y la red de cuidado que habían construido. Las hostigaba por lesbianas, y por lesbianas las asesinó”, señalaron.
Pero también advierten que el ataque se inscribe en un entramado más amplio de violencias. Las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían las víctimas —marcadas por la precarización, la exclusión habitacional y la falta de acceso a derechos básicos— son leídas como parte constitutiva del crimen.
En ese sentido, apuntan directamente al Estado: “Es responsable por fomentar discursos de odio y por empujarnos a la precarización, violencias que pagamos con nuestros cuerpos”.
La denuncia va más allá del caso puntual. Habla de expulsiones familiares, de un sistema de salud que no da respuestas frente a consumos problemáticos o salud mental, y de la falta de acceso al trabajo y a una vivienda digna para las disidencias sexuales.
Memoria, organización y lucha
A dos años, la masacre de Barracas sigue siendo una herida abierta. Para las organizaciones, recordar cada 6 de mayo es también una forma de denuncia: visibilizar que estas violencias no son nuevas, pero sí se han profundizado en los últimos años.
“Golpean de lleno a lxs lesbianxs y empujan a muches a vivir en condiciones límite”, advierten. Frente a eso, la respuesta vuelve a ser colectiva.
El inicio del juicio representa una instancia clave. No solo para avanzar en la condena del responsable directo, sino también para que la Justicia reconozca el carácter estructural del crimen y siente un precedente en la lucha contra los discursos de odio y la violencia hacia las identidades disidentes.
Porque, como señalan desde la convocatoria: la memoria es colectiva. Y organizarse, también, es una forma de cuidado.
