A 18 años de la Masacre de Avellaneda: Darío y Maxi siguen presentes
Ambos jóvenes -tenían 21 y 22 años al momento del crimen- formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados, organización con gran presencia durante la crisis del 2001. Fueron asesinados por la Bonaerense en una brutal represión. El hecho sucedió a pocos meses del estallido de la crisis del 2001, el miércoles 26 de junio de 2002, […]
Por Cristian Dominguez | 06/26/2020
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Ambos jóvenes -tenían 21 y 22 años al momento del crimen- formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados, organización con gran presencia durante la crisis del 2001. Fueron asesinados por la Bonaerense en una brutal represión.
El hecho sucedió a pocos meses del estallido de la crisis del 2001, el miércoles 26 de junio de 2002, cuando organizaciones de desocupados y piqueteras decidieron cortar el puente Pueyrredón, como parte de un plan de lucha contra el gobierno de Eduardo Duhalde: una gestión que puso fin a la convertibilidad con un brutal ajuste que derivó en desocupación (mayor al 20%) y pobreza (que alcanzó el 50%).
Ambos jóvenes -tenían 21 y 22 años al momento del crimen- formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados, organización con gran presencia durante la crisis de los primeros años del milenio.
Aquel 26 de junio la Policía Bonaerense esperó a los manifestantes en el cruce entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal y comenzó rápidamente la represión. Primero fue con balas de goma y gases lacrimógenos, pero terminó con balas de plomo.
Ese día, en el medio de la salvaje represión, Darío entró a la estación de Avellaneda para auxiliar a Maxi, que ya agonizaba por los disparos de plomo que había recibido pocos minutos atrás. No pudo hacer mucho, los efectivos de la Policía Bonaerense lo obligaron a irse y ahí, de espaldas, recibió los disparos asesinos. Los mataron.
Kosteki y Santillán creían en el cambio social desde abajo, en los barrios y de los sectores populares. Sufrían las políticas económicas en carne propia y se resistían a un modelo económico y social que desde hace rato los excluía. La desigualdad se acrecentaba al ritmo en que la pobreza y el hambre se hacían sentir de forma muy dura en los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense.
La represión en Avellaneda fue un intento de imponer un freno a la movilización social que aumentaba desde la década del ’90 con los movimientos de desocupados y piqueteros que conformaban una resistencia al neoliberalismo que golpeaba cada vez más fuerte. Sin embargo, los sueños de Darío y Maxi fueron recuperados, una y otra vez, para la rebeldía de los movimientos sociales hartos de un sistema que oprimía y sigue oprimiendo.
En la actualidad, la lucha contra la desigualdad, los despidos, el endeudamiento y las políticas represivas que intentan contener el reclamo social son banderas que se mantienen, frente a un sistema que nunca dejó de excluir. Esta experiencia de lucha popular, y el reclamo que motivaba la militancia de Darío y Maxi, es un ejemplo de la cruda represión a la que muchos movimientos sociales están expuestos cuando lo que intentan es modificar un sistema de raíz.
Por los crímenes de Darío y Maxi fueron condenados a cadena perpetua el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta.
No obstante, los movimientos populares apuntan contra distintos funcionarios de aquel momento: Eduardo Duhalde, presidente de la Nación; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez; el ex gobernador, Felipe Solá; ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud; el ex jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff; Jorge Vanossi, ministro de Justicia; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez; Carlos Federico Ruckauf, ex gobernador de la provincia; y el ex ministro del Interior, Jorge Matzkin.
Principalmente por este hecho, Eduardo Duhalde decidió adelantar las elecciones, que debían realizarse en octubre de 2003, para que él entregara el gobierno a término, el 10 de diciembre, cuando vencían los 4 años que había comenzado Fernando de la Rúa.
La causa se encuentra en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del Juez Federal Ariel Lijo. A pesar de los leves avances, aún los responsables políticos no han sido juzgados.
Hace pocos días, Hilda "Chiche" Duhalde, esposa de el expresidente y quien durante la masacre de Avellaneda se desempeñaba como presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (además de ser primera dama), increpó al actual ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, diciendo que "si no tiene huevos para pararse frente a estos personajes nefastos (movimientos populares), que se vaya".
Gildo Onorate, referente del Movimiento Evita y de la actual Unión de Trabajadores de la Economía Popular -organización que nació de los trabajadores excluidos de la crisis del 2001- respondió lo siguiente:
Estimada Chiche,
Haber estado en el Puente Pueyrredón no me llena de rencor, por el contrario, me hace valorar el diálogo y el encuentro para evitar que está nueva crisis vuelva a llevarse la vida de nuestros hermanos y hermanas por una violencia que ya no toleramos.
Nosotros valoramos la experiencia de manzaneras, tú experiencia y dedicación. Esta es otra Argentina y necesitamos el esfuerzo y la solidaridad de cada persona de bien.
Nos gustaría que conozcas nuestro trabajo y la gran red comunitaria que día a día salva vidas.
Junto al Obispo Lugones titular de Pastoral, al Obispo Ojea, titular de la CEA y el Obispo Fernández de La Plata, entre otros, trabajamos diariamente para recontruir una Argentina armónica y superar divisiones y odios para fortalecer la unidad ante el Covid-19. Terminar con el país de los subsidios y recuperar el paradigma del trabajo debe encontrarnos juntos.
