Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, busca eliminar la Ley 25.542 que asimila condiciones de venta entre pequeñas y grandes librerías al establecer un sistema de precio único de venta en todo el país. Derogarla tendría un impacto profundamente negativo para locales independientes en beneficio de grandes plataformas, que tienen espalda económica para vender a precios mucho más bajos.
En el primer trimestre de este año la venta de libros registró una caída interanual de hasta el 20%, según la Cámara Argentina del Libro. Los altos precios de los libros en relación a los bajos salarios, la crisis económica y de consumo interno redundaron en este escenario. A pesar de ello, pequeños establecimientos tienen un último recurso que los ampara ante grandes empresas, la Ley 25.542 de Protección de la Actividad Librera, que establece un precio único, fijado por editoriales, para la venta al público de libros. Es esa normativa la que el Gobierno Nacional quiere derogar.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es quien llevó al Congreso el proyecto que busca vulnerar a pequeños establecimientos y beneficiar a grandes librerías e hipermercados, cuyo margen de ganancias les permitiría bajar en demasía sus precios.
Libreros y editoriales alertan sobre el terrible impacto que la derogación tendría en el escenario local, llevando a la quiebra a aquellas librerías incapaces de competir.
Por qué importa sostener la diversidad en la actividad librera
Desde el sector, enfatizan la importancia de que existan diversidad de librerías, no solo grandes plataformas: detrás de cada librería hay libreros y libreras con una propuesta, que hacen una curaduría de libros según distintos criterios, que ofrecen experiencia y recomendaciones a las y los lectores, que traen literatura poco conocida, de otras partes del mundo, que contribuyen a enriquecer enormemente al desarrollo de la cultura porque lo que los motiva no es fundamentalmente el lucro.
La Ley vigente se promulgó en 2002 y desde entonces, libreros y editoriales sostienen que promovió y aumentó el número de librerías en la Argentina, que no le significa un gasto al Estado y que la norma es vital en la promoción de la cultura y la diversidad de voces.
«La derogación lo que va a provocar es que las librerías, especialmente las librerías de barrio, tengan que competir con las grandes cadenas, que son las que serán beneficiadas en esa competencia», dijo a Canal 10 Alejandro Noriega, representante de la Cámara del Libro.
El Gobierno Nacional, fiel a su espíritu capitalista reductivo que entiende y valora al mundo a través del lucro, insiste en que derogar la Ley permitiría aumentar las ventas de libros y recuperar la crisis del sector.
Quizás la derogación sí aumente las ventas: para un puñado de grandes plataformas, cuyo criterio para la selección de libros prioriza lo que se vende masivamente en lugar de un catálogo diverso que permita ampliar el acceso a la cultura, el conocimiento de otras perspectivas y el desarrollo de pensamiento crítico; y asestándole un golpe mortal a miles de establecimientos a lo largo y ancho del país que con esfuerzo y compromiso sostienen el acceso a otras narrativas.
De más está decir que la gestión libertaria continúa insistiendo en aplicar parches superficiales a los problemas económicos que generan sus propias decisiones políticas, parches que a menudo cuestan más que soluciones de fondo. La crisis no se vive solamente en las librerías: es en el sector textil, en el industrial, en el consumo interno en almacenes y supermercados, es transversal a toda la sociedad argentina.
La derogación de la Ley no resuelve el consumo de libros si la población sigue perdiendo poder adquisitivo: lo que sí hace es matar librerías pequeñas en favor de grandes empresas, empobreciendo la cultura local.
