Por la implosión del submarino ARA-San Juan, en el que murieron 44 tripulantes, la Justicia condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al ex capitán Claudio Javier Villamide. Los otros tres ex oficiales de la Armada acusados fueron absueltos y las cúpulas navales y políticas, entre ellas el ex presidente Mauricio Macri, no fueron juzgadas.
En noviembre de 2017 el submarino ARA-San Juan implosionó en el mar dejando como resultado 44 tripulantes muertos. El hecho ocurrió en plena presidencia de Mauricio Macri y despertó conmoción social, en especial considerando lo evitable de la tragedia si se hubieran tomado las medidas correspondientes respecto al pobre estado de la unidad, y las escuchas ilegales del Gobierno Nacional a familiares de fallecidos.
El pasado miércoles, casi nueve años después y tras cinco meses de juicio contra cuatro exoficiales de la Armada Argentina, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos resolvió condenar al capitán Claudio Javier Villamide a tres años de prisión, de ejecución condicional; los otros tres acusados fueron absueltos y ningún miembro de la cúpula naval y administrativa fue enjuiciado.
Mauricio Macri y Oscar Aguad lograron evitar el juicio
El juicio por la tragedia del ARA-San Juan contó con más de 30 audiencias. En el proceso se buscó determinar la responsabilidad penal de cuatro ex funcionarios de alto rango de la Armada: oficiales navales superiores al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio.
Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménea encontraron culpable únicamente al ex capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos cuando ocurrió el hecho fatal. Declarado responsable de estrago culposo agravado resultante en la muerte de 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, Villamide fue condenado a tres años de prisión condicional. Para mantener la condicionalidad, deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, abstenerse de cometer delitos y someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).
Los otros tres acusados fueron el contralmirante Luis López Mazzeo; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Correa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal. Todos ellos fueron absueltos.
Villamide se declaró inocente e insistió en que a lo largo de todo el proceso judicial «no me pudieron explicar qué hice mal»: “No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino”.
En un juicio que para familiares y querellantes fue altamente insatisfactorio, las cúpulas navales y del Poder Ejecutivo lograron evitar el proceso judicial. Tres actores clave en la causa quedaron fuera: el ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el ex presidente Mauricio Macri y quien fuera ministro de Defensa al momento de los hechos, Oscar Aguad.
El abogado querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los fallecidos, aseveró: “El Tribunal no tendría que haber llevado adelante el juicio, porque es incompetente, faltan medidas de prueba fundamentales para establecer la verdad, que es el objeto de cualquier investigación penal y el sustento de cualquier condena”.
Y agregó: “A mí no me cambia absolutamente nada si son condenados o absueltos. Me hubiera gustado que (los cuatro imputados) me digan todo lo que saben, toda la verdad. Los invito a hacerlo, como en su momento invité al expresidente Macri a que me conteste por qué nos espiaron y nos persiguieron. Tampoco me contestó”.
Las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, representantes de la mayoría de familiares de las víctimas, habían pedido la pena máxima para los cuatro imputados: 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargos públicos. Arias había enfatizado que el hundimiento del ARA San Juan no se produjo por una mera falla técnica sino por la negligencia de quienes, sabiendo las condiciones precarias del submarino, igualmente enviaron a la tripulación al mar: “No se crean la excusa de la falla técnica aislada. Si el superior sabe que el material está fallado, y manda la tripulación al mar, no es el mar quien los hunde, es su decisión”, sentenció.
