La Legislatura de Córdoba sancionó por unanimidad la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una herramienta que permitirá intervenir de manera preventiva inmuebles y bienes utilizados para el narcomenudeo y otras actividades delictivas. La norma establece controles, crea una unidad interagencial y fija límites para resguardar los derechos de los propietarios.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad, la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una nueva normativa destinada a intervenir de forma preventiva inmuebles y bienes vinculados a actividades delictivas que representen un riesgo para la seguridad pública.
La iniciativa apunta principalmente a combatir el narcomenudeo y recuperar propiedades abandonadas, deterioradas o utilizadas como guaridas o puntos de venta de drogas, con el objetivo de reducir los focos de inseguridad en distintos barrios de la provincia.
La sanción fue el resultado de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en la Unicameral. El texto final incorporó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo junto con los aportes realizados por los legisladores Oscar Saliba (UCR) y Oscar Agost Carreño (PRO). De este modo, se convirtió en la segunda ley aprobada por unanimidad durante el año, después de la denominada Ley Joaquín.
Qué medidas contempla la nueva ley
La normativa habilita al Estado provincial a aplicar distintas medidas administrativas de carácter preventivo sobre bienes muebles e inmuebles vinculados a situaciones de riesgo para la seguridad o utilizados para actividades ilícitas.
Entre las herramientas previstas se encuentran:
- Intimaciones a los responsables.
- Cerramientos de inmuebles.
- Clausuras provisorias.
- Retiro de elementos relacionados con la actividad o el riesgo detectado.
Según establece la ley, estas intervenciones serán preventivas, temporales y proporcionales. Tendrán una vigencia inicial de hasta seis meses, con la posibilidad de extenderse por otro período igual si persisten las condiciones que motivaron la medida.
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Cómo será la aplicación de la norma
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, será la autoridad de aplicación general de la ley.
En los casos relacionados específicamente con el microtráfico de drogas, las actuaciones estarán coordinadas entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Además, la normativa crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, integrada por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Su función será identificar, controlar y realizar el seguimiento de los inmuebles alcanzados por las disposiciones de la ley.
Protección de los derechos de los propietarios
La ley también incorpora garantías para resguardar los derechos de los titulares de los inmuebles.
En aquellos casos en los que exista ocupación efectiva de la propiedad, conflictos sobre derechos, necesidad de desapoderamiento o ingreso compulsivo sin una situación de urgencia, la intervención del Estado deberá contar previamente con autorización judicial.
