El presidente Javier Milei adelantó que impulsará una ley inspirada en el government shutdown de Estados Unidos para impedir que el Estado siga gastando cuando se agote el presupuesto. Sin embargo, el sistema argentino funciona bajo reglas distintas. Una reforma de este tipo implicaría cambios legales y un fuerte debate constitucional.
Cada vez que el Congreso de Estados Unidos demora la aprobación del presupuesto federal, una palabra vuelve a instalarse en el centro de la escena política y económica: shutdown.
Se trata del cierre parcial de la administración pública por falta de financiamiento, una situación que paraliza organismos estatales, suspende servicios considerados no esenciales y deja a cientos de miles de empleados públicos sin cobrar sus salarios hasta que el conflicto político encuentra una salida.
Lejos de ser una herramienta diseñada para reducir el gasto público, el shutdown es una consecuencia institucional del sistema presupuestario estadounidense. La legislación de ese país impide que numerosas agencias continúen utilizando recursos si no cuentan con autorización presupuestaria vigente.
La discusión cobró relevancia en Argentina luego de que el presidente Javier Milei anunciara su intención de impulsar un mecanismo similar. El mandatario sostuvo que trabaja en un proyecto para que, una vez agotadas las partidas autorizadas, «se apague el Estado», con el objetivo de impedir que el Poder Ejecutivo continúe ejecutando gastos sin una nueva aprobación legislativa.
Cómo funciona el shutdown en Estados Unidos
Cuando se produce un government shutdown, las agencias federales suspenden todas aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Museos, parques nacionales y numerosas oficinas públicas dejan de atender, mientras que servicios vinculados con la seguridad, la defensa, el control aéreo, el sistema penitenciario o la atención sanitaria continúan funcionando.
El mecanismo comenzó a aplicarse de manera sistemática desde 1980, tras una interpretación jurídica que obligó a las agencias federales a cesar actividades si el Congreso no aprobaba los fondos necesarios para su funcionamiento.
Desde entonces, Estados Unidos atravesó varios episodios de alta tensión política. Durante la presidencia de Bill Clinton se registraron dos cierres gubernamentales entre 1995 y 1996; en 2013, bajo la administración de Barack Obama, el conflicto por la implementación del sistema de salud conocido como Obamacare derivó en un cierre de 16 días; y entre 2018 y 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, el desacuerdo por el financiamiento del muro fronterizo con México provocó el shutdown más prolongado hasta ese momento.
Más allá de sus diferencias políticas, todos estos antecedentes tuvieron un denominador común. La incapacidad del Congreso y la Casa Blanca para acordar el financiamiento del Estado.
Por qué el sistema argentino es diferente
Aunque Milei pretende trasladar esa lógica a la Argentina, el funcionamiento institucional de ambos países presenta diferencias sustanciales.
La principal radica en el régimen presupuestario. Mientras que en Estados Unidos la ausencia de una ley de financiamiento puede impedir legalmente que parte de la administración continúe gastando, en Argentina existe un mecanismo que garantiza la continuidad del Estado aun cuando el Congreso no apruebe un nuevo presupuesto.
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera establece que, en esos casos, sigue vigente el presupuesto del ejercicio anterior. Esa prórroga permite que el Poder Ejecutivo continúe administrando recursos, pagando salarios, jubilaciones, prestaciones sociales y sosteniendo el funcionamiento de los organismos públicos.
La experiencia reciente demuestra que este esquema ya fue utilizado en varias oportunidades sin que ello implicara un cierre de oficinas estatales o la interrupción masiva de servicios públicos.
En consecuencia, un shutdown como el estadounidense no tiene hoy un equivalente jurídico directo dentro del sistema argentino.
La reforma que impulsa Milei
El Presidente busca modificar esa lógica. En una entrevista concedida al canal de streaming Neura, Milei afirmó que trabaja en una iniciativa para eliminar la posibilidad de prorrogar presupuestos o ampliar partidas sin una autorización expresa del Congreso.
Según explicó, el proyecto formaría parte de un paquete de reformas institucionales orientadas a consolidar el equilibrio fiscal. La idea central consiste en impedir que el Ejecutivo continúe ejecutando gastos cuando se agoten los recursos aprobados por el Parlamento.
Para que ese esquema pueda implementarse, no alcanzaría con una decisión administrativa. Sería necesario modificar la legislación vigente, que actualmente habilita la prórroga automática del presupuesto.
Un debate jurídico abierto
El abogado constitucionalista Félix Lonigro considera que una ley de estas características no sería necesariamente inconstitucional, aunque advierte que debería garantizar la continuidad de los servicios esenciales y no podría afectar el funcionamiento del Poder Legislativo ni del Poder Judicial.
Una posición diferente sostiene el diputado nacional Juan Fernando Brügge. Para el legislador, la Constitución establece que el Congreso debe aprobar anualmente el presupuesto, por lo que las prórrogas solo deberían ser excepcionales y por tiempo limitado.
En un proyecto presentado el año pasado, Brügge propuso que el presupuesto solo pueda prorrogarse durante un año. Si transcurrido ese plazo el Congreso continuara sin sancionar una nueva ley, la actividad estatal debería reducirse únicamente a funciones esenciales como seguridad, defensa, salud y educación.
La iniciativa muestra que incluso entre quienes cuestionan el sistema actual existen diferencias respecto del alcance que podría tener un eventual «apagado del Estado».
