En vísperas del partido de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y Cabo Verde, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa que involucra al Presidente Javier Milei en una presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, accediendo al pedido de la defensa de Mauricio Novelli.
La Justicia argentina falló en favor del pedido de la defensa de Mauricio Novelli y resolvió apartar de la causa por la criptoestafa $LIBRA a los querellantes.
Según la argumentación de la defensa, el caso $LIBRA no cumple con la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa (ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio), ya que los querellantes no son “particulares ofendidos” por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.
Pocas horas antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi falló en favor de la solicitud de la defensa de Novelli y excluyó a las dos querellas, consituidas por los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romes.
Al remover a los querellantes la investigación queda exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien en un año y medio no llamó a declarar a ningún involucrado. Ninguna de las dos querellas podrá pedir medidas de prueba ni insistir con las citaciones a indagatoria, apelar decisiones ni incidir directamente en el curso de la causa.
El juez Giorgi y su relación con el Gobierno Nacional
Recientemente la gestión de Javier Milei decidió sumar a la esposa del juez Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, en el juzgado federal de la localidad bonaerense de Hurlingham. El pliego ya recibió la aprobación del Senado y es cuestión de tiempo su oficialización en el BORA (Boletín Oficial de la República Argentina).
El nombramiento de su esposa como jueza federal puso al magistrado Giorgi en la mira de la oposición por la posibilidad de que un conflicto de intereses condicione sus decisiones en el caso $LIBRA.
Por lo pronto el fallo de Giorgi le dio validez al argumento de la defensa, planteando que las pérdidas de los inversores son inherentes a los riesgos asumidos al invertir en una criptomoneda de alta volatilidad, por lo que no constituirían una estafa —principal hipótesis de los damnificados—.
Giorgi agregó que los querellantes no pudieron dar cuenta fehacientemente de ser los dueños de las billeteras virtuales utilizadas o el origen de los fondos, por la anonimidad de las criptomonedas de la red Solana (la que se utilizó para crear la criptomoneda $LIBRA). Al no poder probar este vínculo, no se puede demostrar la pérdida por delito.
El juez consideró que “las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad”. Bajo este mismo argumento, Giorgi había rechazado el pedido de inclusión de otros dos damnificados bielorrusos, quienes también se presentaron mediante una de las querellas como víctimas de la estafa $LIBRA.
