Los varones violentos no tienen bandera política. Existen en los partidos de derecha, en los movimientos de izquierda, en las organizaciones sociales, en las familias, en los barrios, en los lugares de trabajo. El patriarcado no pide carnet.
La denuncia de Cecilia Ce contra Nacho Levy abrió, una vez más, un debate que el campo popular trabaja para saldar: ¿qué hacemos cuando el señalado es uno de los nuestros? La respuesta debería ser sencilla a esta altura. No lo es.
La violencia de género es una problemática estructural del sistema patriarcal. Surge de un sistema que durante siglos enseñó a los varones que sus deseos tienen prioridad, que su comodidad importa más, que la voz de las mujeres pesa menos.
Ese sistema atraviesa todas las clases sociales, todos los espacios políticos, todas las organizaciones. Creer que la militancia popular o el compromiso con los sectores más vulnerables funciona como vacuna contra eso es, en el mejor de los casos, ingenuidad. En el peor, complicidad.
Por eso, cuando aparece una denuncia como la de Cecilia Ce, la discusión no puede reducirse a la figura de Levy. Eso sería perder el hilo. La pregunta más urgente es qué mecanismos tienen —o no tienen— los espacios populares para que las mujeres que los habitan puedan denunciar sin miedo a ser silenciadas, desacreditadas o expulsadas.
Una organización es mucho más que su figura pública
Hay algo que en estos días se repite con una ligereza que incomoda: equiparar a La Garganta Poderosa con Nacho Levy. Como si la organización fuera él. Como si todo lo que se construyó en las villas y barrios populares de todo el país tuviera un solo nombre y una sola cara.
La Garganta Poderosa es, ante todo, un trabajo territorial sostenido casi en su totalidad por mujeres. Son ellas las que cocinan en los merenderos cuando el frío aprieta y el Estado mira para otro lado. Las que acompañan a las familias que quedaron afuera del sistema. Las que organizan las ollas populares, las que llevan a los pibes al médico, las que arman los espacios culturales en los barrios donde el presupuesto público nunca llega. Son ellas las que construyeron, ladrillo a ladrillo y olla a olla, la identidad real de esta organización.
Ese trabajo no desaparece con una denuncia. Ese trabajo no se mancha ni se invalida porque un varón en un lugar de referencia ejerza violencia de género, una problemática que las propias mujeres de la organización denuncian desde hace años. Al contrario: son ellas las primeras que merecen que se escuche a Cecilia Ce. Son ellas las que más pierden si los varones violentos siguen encontrando refugio detrás del capital simbólico que construyeron sobre el esfuerzo ajeno.
¿Cuántas veces vamos a tener que recordar que una organización es sus bases, no sus figuras? ¿Cuántas veces vamos a tener que separar el trabajo colectivo de las conductas individuales de quienes se pusieron al frente?
Que la militancia se deconstruya
Desde Córdoba, referentes del feminismo y de organizaciones sociales y civiles pusieron en palabras lo que muchas ya venían pensando en voz baja.
Romina Pezzeleto, del área de Género de Fundeps, lo nombró con precisión: en las causas nobles también subyacen lógicas patriarcales y violentas que recaen sobre las mujeres cercanas a estos varones. Varones que sostienen una imagen y una agenda de luchas que nos interpelan, pero que al mismo tiempo reproducen violencias que quedan invisibilizadas. Para Pezzeleto, eso es una contradicción insostenible: «No podés querer cambiar el mundo y querer ser un varón que reproduce violencias y lógicas patriarcales».
Y su pedido al campo militante fue directo: «A los varones militantes les pedimos que se deconstruyan de manera urgente».
Hay una frase suya que vale subrayar, y que aplica mucho más allá de este caso: que estas situaciones no nos hablan de las organizaciones a las que pertenecen los varones señalados. «Nos hablan de todo lo que nos falta», dijo. Todo lo que falta construir, todo lo que falta nombrar, todo lo que falta desmantelar.
Santiago Merlo, presidente de La Casita Trans, aportó otra dimensión del problema: la institucional. «Ninguna organización está exenta de ser atravesada y permeada por el patriarcado», señaló, y marcó que la diferencia la hacen los mecanismos concretos que cada espacio construye para responder cuando eso ocurre. En La Casita Trans, esa respuesta está escrita: el estatuto de la asociación civil (IPJ) y el reglamento interno prevén sanciones disciplinarias, amonestación, intimación, suspensión y expulsión ante conductas violentas, con intervención de profesionales legales cuando corresponde denuncia.
La pregunta que deja abierta ese dato no es menor: ¿cuántas organizaciones del campo popular tienen algo así? ¿Cuántas tienen protocolos reales, no declaraciones de principios, para cuando el señalado es uno de los propios?
No nos harán dudar
Creerle a Cecilia Ce y defender el trabajo de las mujeres que sostienen La Garganta Poderosa no son dos posturas contradictorias. Son la misma postura. La coherencia feminista no elige entre una y otra: las sostiene a las dos, al mismo tiempo, sin titubear.
Los varones violentos no son la excepción del campo popular. Son el resultado de un sistema que también los formó a ellos. Y mientras no lo nombremos así —con esa claridad, sin eufemismos— seguiremos teniendo el mismo debate cada vez que el señalado sea uno de los nuestros. El patriarcado no se desmonta eligiendo a quién creerle según la conveniencia política del momento. Se desmonta tomando partido, siempre, por quien denuncia.
