Crece la presión opositora para avanzar con una interpelación y una eventual moción de censura contra Manuel Adorni. En paralelo, el oficialismo explora argumentos constitucionales para frenar el proceso. La Casa Rosada también intensifica las negociaciones parlamentarias de cara a una semana clave en el Congreso.
La Casa Rosada redobla esfuerzos para evitar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quede expuesto a una interpelación parlamentaria que podría derivar en una moción de censura y su eventual desplazamiento del cargo. Tras el respaldo explícito del presidente Javier Milei al funcionario, el oficialismo comenzó a desplegar una estrategia política y jurídica orientada a limitar el avance de la oposición en el Congreso.
Según trascendió en los últimos días, el oficialismo analiza los alcances del artículo 101 de la Constitución Nacional con el objetivo de cuestionar el mecanismo impulsado por distintos bloques opositores para convocar a Adorni al recinto.
Uno de los encargados de exponer públicamente esta postura fue el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quien sostuvo que los asuntos que no cuentan con dictamen previo deben ser habilitados mediante una votación especial que requiere una mayoría agravada. A través de sus redes sociales, el legislador rechazó la interpretación opositora que sostiene que basta con reunir quorum para aprobar una interpelación.
Luego de haber conseguido frustrar la sesión convocada el pasado jueves en el Senado, el Gobierno intenta repetir la maniobra para impedir que la oposición reúna los votos necesarios en una nueva ofensiva prevista para esta semana. Este martes podría convertirse en una jornada decisiva, puesto que distintos sectores buscarán retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados.
La estrategia parlamentaria es coordinada por un grupo de dirigentes cercanos al Presidente. Entre ellos aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli; el operador político Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
No obstante, puertas adentro del oficialismo también afloran tensiones. Algunas voces cuestionan el rol de Bullrich en las negociaciones legislativas y ponen en duda la precisión de los informes que eleva a la conducción política. Incluso, según fuentes parlamentarias, varios aliados relativizan la magnitud de las advertencias que la senadora transmite sobre el nivel de respaldo que tendría la oposición para avanzar contra Adorni.
No es la primera vez que surgen diferencias internas. En debates legislativos anteriores, algunos referentes del espacio ya habían responsabilizado a Bullrich por decisiones que, según esa mirada, terminaron complicando la estrategia oficial.
A pesar de los recelos, el vínculo entre la Casa Rosada y la legisladora se mantiene por conveniencia mutua. Mientras el Gobierno necesita consolidar apoyos en el Congreso, Bullrich continúa encontrando en el oficialismo un espacio político indispensable para sostener su protagonismo.
En paralelo, desde el Ejecutivo intentan instalar una alternativa para descomprimir el conflicto. La propuesta consiste en que Adorni presente un informe de gestión ante el Senado el próximo 2 de julio, una posibilidad que podría satisfacer parcialmente los reclamos de algunos bloques. Sin embargo, por ahora, esa opción parece tener respaldo únicamente dentro del oficialismo.
