El intendente Daniel Passerini creó una Unidad Ejecutora Mixta para reforzar los controles sobre bares, boliches y locales nocturnos en Córdoba. La medida se conoce tras el femicidio de Agostina Vega y las clausuras de establecimientos en Nueva Córdoba.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, oficializó la creación de una nueva estructura destinada a reforzar los controles sobre la actividad nocturna en la ciudad. Se trata de la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública.
La medida fue establecida mediante un decreto firmado el pasado 19 de junio y se da en un contexto atravesado por las repercusiones del femicidio de Agostina Vega. La investigación por el crimen derivó en una serie de procedimientos judiciales, detenciones y clausuras de bares ubicados en el barrio Nueva Córdoba, entre ellos Wachitas, Malibú y Luzbelito.
Según informó el municipio, la nueva unidad no implicará la creación de estructuras administrativas adicionales, sino que tendrá la función de coordinar y agilizar intervenciones conjuntas entre distintas áreas del Estado. El objetivo es unificar criterios de inspección y ejecutar operativos simultáneos para fortalecer los controles sobre espectáculos públicos y comercios que desarrollan actividades durante la noche.
En una primera etapa, prevista por 90 días, se realizarán operativos de saturación sobre locales alcanzados por el Código de Espectáculos Públicos y establecimientos que permanecen abiertos las 24 horas. Entre los aspectos que se buscará controlar figuran la contaminación sonora, la ocupación irregular del espacio público y posibles incumplimientos en las habilitaciones comerciales.
Durante la presentación de la medida, Passerini sostuvo que parte de los problemas vinculados a la nocturnidad tienen origen en decisiones adoptadas durante gestiones anteriores. En este sentido, afirmó que durante años existieron actividades que funcionaron al margen de la normativa gracias a vínculos políticos y mecanismos de protección que dificultaron las tareas de control.
Al referirse específicamente al caso de Wachitas, el intendente aseguró que algunas habilitaciones fueron otorgadas de manera irregular en administraciones previas, situación que, según explicó, genera derechos administrativos que complejizan los procesos para impedir la reapertura de los establecimientos.
Frente a este escenario, el jefe municipal anunció que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a reformar el régimen de habilitaciones comerciales. La iniciativa apunta a impedir que locales clausurados por incumplimientos graves vuelvan a funcionar mediante cambios de razón social o modificaciones administrativas sobre un mismo inmueble.
Passerini también denunció que trabajadores municipales recibieron amenazas en el marco de las recientes inspecciones y aseguró que el Ejecutivo avanzará con investigaciones internas. Incluso, no descartó sanciones o cesantías para agentes públicos que pudieran estar involucrados en expedientes bajo sospecha.
La nueva mesa de coordinación estará integrada por el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, el Tribunal Administrativo de Faltas y representantes del Concejo Deliberante. Además, contará con la participación del Ministerio de Seguridad provincial, fuerzas de seguridad, universidades públicas y privadas, colegios profesionales y cámaras empresariales.
Desde el municipio señalaron que la información obtenida durante los controles también permitirá elaborar un diagnóstico actualizado sobre la concentración de actividades nocturnas en los distintos barrios de la ciudad. Ese relevamiento será utilizado como insumo para futuras políticas de ordenamiento urbano y planificación de las zonas residenciales.
