La Secretaría General de la Presidencia elevó un 141% el Fondo Rotatorio en un año, hasta superar los $1.135 millones. Un pedido de acceso a la información reveló la existencia de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios de alto rango, pero el Gobierno no informó los consumos ni la rendición de los gastos.
Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene el ajuste fiscal como principal bandera política, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó de manera significativa los fondos destinados a gastos operativos y de administración directa. En apenas un año, el denominado Fondo Rotatorio pasó de $471,5 millones a más de $1.135 millones, un aumento cercano al 141%.
La ampliación fue oficializada mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general a fines de enero. La norma no solo elevó el monto disponible para ese mecanismo de gastos, sino que también habilitó operaciones individuales de hasta $50 millones, con excepciones para servicios básicos, viajes presidenciales y débitos derivados de embargos.
El dato adquiere relevancia porque el Fondo Rotatorio es una herramienta que permite afrontar gastos corrientes mediante procedimientos más ágiles que los mecanismos tradicionales de contratación y ejecución presupuestaria.
Tarjetas corporativas bajo la lupa
La información salió a la luz a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por Noticias Argentinas. La respuesta oficial confirmó que, al 10 de junio de este año, la Secretaría General contaba con 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos dentro de la plataforma de administración financiera del Banco Nación.
Entre los nombres que aparecen vinculados a tarjetas corporativas figuran la propia Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También aparecen funcionarios vinculados al área audiovisual de Presidencia y responsables administrativos del manejo de fondos.
La documentación entregada por el Gobierno permitió identificar las áreas asignadas y las terminaciones de las tarjetas, aunque preservó los números completos por razones de seguridad. Sin embargo, la información omitió un aspecto central. No se detallaron consumos, montos, comercios, proveedores, conceptos de gasto ni expedientes de rendición.
La información que el Gobierno no mostró
El pedido de acceso había solicitado específicamente los resúmenes mensuales de las tarjetas, los comprobantes de gastos, facturas, tickets, autorizaciones y la documentación administrativa vinculada a cada operación.
La Presidencia respondió únicamente con la nómina de usuarios y tarjetas vigentes. No informó si las tarjetas registraron movimientos, cuánto dinero se utilizó ni cuál fue el destino de los fondos.
La ausencia de esos datos resulta llamativa porque el propio convenio suscripto con el Banco Nación establece que la plataforma utilizada por el organismo permite consultar en tiempo real consumos, comercios, transferencias, movimientos de cuentas y reportes detallados de cada tarjeta.
En otras palabras, la información existe dentro del sistema de administración financiera, pero no fue puesta a disposición.
Los administradores del fondo también aparecen como usuarios de tarjetas
Otro de los puntos que genera interrogantes es la coincidencia entre quienes administran el Fondo Rotatorio y quienes figuran dentro del esquema de tarjetas corporativas.
La resolución que regula el fondo designó a Gabriela Carla Winnik como responsable y a Marcelo Nicolás Luque Mariño como subresponsable del mecanismo. Ambos aparecen vinculados a tarjetas corporativas de crédito. A ellos se suma María Elisa Del Malvar, quien figura tanto en el sistema de tarjetas como en perfiles de administración de la plataforma financiera.
La documentación oficial confirma así que funcionarios encargados de gestionar y controlar los recursos también forman parte del circuito operativo de utilización de tarjetas.
Rendiciones obligatorias que no fueron exhibidas
Según los instructivos internos remitidos por la propia Presidencia, cada gasto realizado mediante tarjetas corporativas debe contar con comprobantes válidos, justificación administrativa, firmas digitales y una rendición formal tramitada mediante expediente electrónico.
Incluso en los casos en que no existan consumos, deben quedar registros y resúmenes de cuenta que permitan verificar los movimientos del período.
Pese a ello, ninguno de esos documentos fue entregado en respuesta al pedido de información.
La Secretaría General se limitó además a remitir a los datos generales del portal Presupuesto Abierto, que permite consultar la ejecución agregada del gasto público pero no reconstruir operaciones específicas realizadas con tarjetas corporativas.
Un sumario administrativo sin expediente público
La respuesta oficial también reconoció la existencia de un sumario administrativo relacionado con posibles irregularidades en el uso de tarjetas corporativas.
Según informó el Gobierno, la investigación concluyó con una recomendación de cierre y la determinación de que no existió perjuicio fiscal para el Estado. Sin embargo, el expediente completo no fue entregado.
Por esa razón, no se conocen los hechos investigados, los funcionarios involucrados, los montos analizados ni las conclusiones detalladas alcanzadas por el proceso administrativo.
