El secretario de Prensa del Cispren, Facundo Arzamendia, integró la misión internacional de derechos humanos que fue retenida y posteriormente expulsada de Bolivia cuando intentaba relevar denuncias de represión contra manifestantes. Tras regresar a la Argentina, la delegación denunció irregularidades en el operativo y anunció presentaciones ante organismos internacionales.
La misión internacional de derechos humanos que había viajado a Bolivia para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a las garantías fundamentales regresó a la Argentina luego de ser retenida durante varias horas en el aeropuerto de El Alto y obligada por las autoridades bolivianas a abandonar el país.
La delegación había partido desde Argentina con la intención de permanecer en territorio boliviano hasta el próximo 18 de junio. No obstante, tras arribar a La Paz desde Santa Cruz de la Sierra, sus integrantes fueron retenidos durante varias horas por autoridades migratorias y de seguridad, que finalmente les impidieron continuar su recorrido y los forzaron a regresar a la Argentina.
Entre los integrantes de la misión se encontraban el diputado nacional Juan Marino, la legisladora porteña Vanina Biassi, representantes de la CTA Autónoma, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos. También formaban parte de la comitiva el secretario de Prensa del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Facundo Arzamendia, y el dirigente de la Federación Nacional Campesina, Matías Bohl.
Desde el propio aeropuerto de El Alto, Arzamendia había denunciado que el grupo permanecía retenido sin una orden escrita ni explicaciones formales sobre los motivos de la restricción. Según relató, la misión había informado previamente a las autoridades bolivianas sobre su ingreso y los objetivos de la visita, orientada a observar la situación política y social derivada de las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país.
Denuncias de retención de documentos y uso de la fuerza
Los integrantes de la misión denunciaron una serie de irregularidades durante el operativo realizado por las autoridades bolivianas.
Según el comunicado difundido por la delegación, los 15 integrantes habían ingresado legalmente a Bolivia por el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde declararon expresamente que viajaban como misión de derechos humanos invitada por organizaciones sociales, sindicales, legisladores y organismos bolivianos. Aseguran que Migraciones autorizó formalmente su ingreso al país y emitió la documentación correspondiente, lo que les permitió abordar el vuelo de conexión hacia La Paz.
No obstante, al arribar a El Alto fueron retenidos durante aproximadamente siete horas. La misión denunció que les fueron retirados sus documentos, que algunos de sus integrantes fueron mantenidos incomunicados y que las autoridades se negaron a esperar la llegada de representantes del Consulado Argentino. Además, sostuvieron que finalmente fueron obligados a abordar un vuelo de regreso mediante el uso de la fuerza.
Para los integrantes de la delegación, lo ocurrido constituye una medida de carácter político destinada a impedir la observación internacional de la situación que atraviesa Bolivia.
Cruce con la Cancillería y rechazo a las acusaciones oficiales
La expulsión derivó además en una polémica con la Cancillería argentina. Los integrantes de la misión rechazaron públicamente una comunicación difundida por el vicecanciller Pablo Quirno, en la que se aludía a supuestas inconsistencias entre las condiciones declaradas para ingresar al país y las actividades que la delegación tenía previsto desarrollar.
Los veedores sostienen que toda la información sobre el viaje fue presentada de manera transparente ante las autoridades migratorias bolivianas e incluso comunicada previamente a la Embajada de Bolivia en Argentina. Según afirman, informaron las fechas de permanencia, el itinerario, los responsables de su hospedaje y los objetivos de la misión, además de solicitar formalmente una reunión con autoridades gubernamentales bolivianas.
Presentarán denuncias ante organismos internacionales
A pesar de la imposibilidad de ingresar a La Paz, la misión aseguró que continuará con su trabajo de documentación y seguimiento de las denuncias recibidas desde Bolivia.
Entre las medidas anunciadas figura la elaboración de un informe preliminar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, que será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, solicitarán que ambos organismos internacionales intervengan de manera urgente para monitorear la situación en Bolivia, en un contexto que organizaciones sociales y de derechos humanos del país describen como de creciente conflictividad, represión estatal y restricciones al derecho a la protesta.
La delegación también adelantó que impulsará una audiencia en el Congreso argentino para informar sobre lo sucedido y acompañará las movilizaciones convocadas por integrantes de la comunidad boliviana residente en Argentina, que denuncian un agravamiento de la persecución y la violencia institucional contra manifestantes y dirigentes sociales en el país vecino.
