El jefe de Gabinete enfrenta pedidos de interpelación y mociones de censura en Diputados y el Senado. El PRO le dio un ultimátum al Gobierno para desplazarlo, mientras crecen los cuestionamientos por las inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Mientras el Gobierno nacional intenta sostener a Manuel Adorni en medio del escándalo por sus declaraciones juradas, la oposición avanza en el Congreso con una estrategia destinada a profundizar el desgaste del jefe de Gabinete y forzar explicaciones públicas sobre su situación patrimonial.
La novedad política más significativa es el cambio de postura dentro de los sectores que hasta ahora habían acompañado al oficialismo. El PRO, principal aliado parlamentario de Javier Milei, salió a reclamar abiertamente la salida de Adorni y dejó abierta la posibilidad de facilitar el quorum en la sesión convocada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados.
Desde el bloque presidido por Cristian Ritondo reconocieron que no existe una definición cerrada sobre cómo actuarán durante la sesión, aunque advirtieron que esperan que el propio Gobierno tome la decisión de desplazar al funcionario antes de que avance el tratamiento parlamentario.
La postura marca una diferencia respecto de lo ocurrido en mayo, cuando PRO, UCR y otros espacios dialoguistas optaron por no dar quorum para evitar una confrontación directa con la Casa Rosada. Sin embargo, el escenario político cambió de manera sustancial en las últimas semanas.
El escándalo que rompió el blindaje oficialista
Las dudas sobre el patrimonio de Adorni se profundizaron tras la presentación de su declaración jurada y las explicaciones públicas que brindó posteriormente. Lejos de disipar los cuestionamientos, sus argumentos alimentaron nuevas críticas tanto de la oposición como de sectores que hasta ahora respaldaban al Gobierno.
Los reparos ya no provienen únicamente del peronismo y de los bloques de izquierda. Gobernadores, espacios provinciales, sectores dialoguistas e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel expresaron públicamente la necesidad de que el jefe de Gabinete rinda cuentas ante el Congreso.
Las críticas se concentran en presuntas inconsistencias, omisiones y rectificaciones detectadas en documentación presentada ante organismos de control, además de interrogantes vinculados al incremento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno.
Diputados y Senado avanzan con pedidos de interpelación
La ofensiva parlamentaria se desarrolla en ambas cámaras. En Diputados, la oposición impulsó una sesión especial para tratar seis iniciativas relacionadas con el caso, que incluyen pedidos de informes, interpelaciones y mociones de censura.
Paralelamente, el interbloque peronista del Senado presentó un proyecto para convocar a una sesión urgente con el objetivo de citar a Adorni y abrir el debate sobre una eventual moción de censura.
La iniciativa establece que, en caso de ser aprobada, el funcionario debería comparecer ante la Cámara alta en un plazo máximo de siete días. Los senadores argumentan que existen irregularidades y ocultamientos que justifican la intervención del Congreso, invocando para ello el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Un camino legislativo complejo
A pesar de la escalada política, la oposición enfrenta importantes obstáculos para avanzar con medidas concretas. Tanto los pedidos de interpelación como las mociones de censura requieren una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras debido a que los proyectos llegarían al recinto sin dictamen previo.
Esa correlación de fuerzas aparece hoy fuera del alcance opositor. Por esa razón, el objetivo inmediato no sería lograr la destitución de Adorni, sino reunir quorum y aprobar emplazamientos que obliguen a las comisiones a comenzar el tratamiento formal de los expedientes.
De concretarse, el oficialismo perdería capacidad para bloquear la discusión parlamentaria y el caso permanecería durante semanas en el centro de la agenda política.
El desgaste como estrategia
Dentro de la propia oposición reconocen que el principal efecto de esta ofensiva no pasa necesariamente por una remoción inmediata del jefe de Gabinete. La continuidad del escándalo, sostienen, representa un costo político creciente para el Gobierno de Javier Milei.
En este marco, cada nueva sesión, pedido de explicaciones o debate parlamentario contribuye a mantener abiertas las dudas sobre la situación patrimonial de Adorni y alimenta un desgaste que ya comenzó a erosionar los apoyos que hasta hace poco le garantizaban protección política dentro y fuera del Congreso.
