El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmovió a todo el país, destapó una olla de bronca gigantesca en las calles y en las redes sociales. Pero el foco del escándalo político e institucional quedó sobre una figura del Poder Judicial cordobés: el fiscal de instrucción Raúl Garzón.
Durante una conferencia de prensa televisada en vivo a nivel nacional, Garzón optó por la autofelicitación judicial y policial e incluyó una frase que colmó la paciencia social: con total frialdad, llegó a pedir «una medalla para los perros» que hallaron los restos de la joven.
El show estatal se desarmó de inmediato cuando la dirigente de izquierda Laura Vilches lo cruzó en seco ante las cámaras: «Ahórrese el cinismo, fiscal». El cruce se volvió viral en minutos y expuso, una vez más, el distanciamiento y la falta de perspectiva de género de la justicia de Córdoba.
Pero, ¿quién es Raúl Garzón y qué otras causas calientes marcan su trayectoria en los tribunales cordobeses?
Un fiscal para «coordinar» la calle
Actualmente, Garzón se desempeña como fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7 de la ciudad de Córdoba, bajo la estructura del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial. Dentro del organigrama judicial de la provincia, no es un nombre cualquiera: ha sido reiteradamente el funcionario elegido de manera especial para coordinar las actuaciones judiciales vinculadas a conflictos sociales y manifestaciones públicas. En criollo: el encargado de manejar los hilos legales cuando la calle quema.
El derecho a la protesta en la mira (2020)
Su perfil ya había cosechado severas críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos en 2020, durante el histórico y álgido debate legislativo por la legalización del aborto.
En ese marco, Garzón dispuso una serie de «medidas preventivas» ordenándole a la Policía de Córdoba actuar de antemano frente a posibles pintadas, escraches o daños edilicios en iglesias y dependencias públicas o privadas durante las movilizaciones de los sectores verdes y celestes.
La polémica: Amplios sectores denunciaron que la medida funcionaba como un mecanismo de disciplinamiento y limitación al legítimo derecho a la protesta social. Desde su fiscalía, la respuesta fue la habitual justificación burocrática: argumentaron que el único objetivo era evitar daños materiales.
El barro institucional en la Causa Neonatal
Garzón también estuvo bajo los reflectores de la opinión pública cuando instruyó tramos de la Causa Neonatal, la trágica investigación por la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.
Allí se desató una feroz batalla de chicanas y discusiones técnicas en torno a la participación del abogado defensor de uno de los exfuncionarios provinciales imputados. La tensión escaló tanto que la propia Fiscalía General de Córdoba tuvo que salir a emitir un fuerte respaldo institucional hacia la figura de Garzón, intentando blindarlo frente a los embates legales y los cuestionamientos planteados por las defensas.
«Nuestras vidas están en riesgo»: el pedido de Jury
La indignación por el manejo del caso de Agostina Vega escaló a nivel institucional. Frente a la Legislatura, la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba redobló la apuesta y adelantó que presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra Garzón. «Siguen negando la violencia de género y nuestras vidas están cada vez más en riesgo», advirtieron desde las organizaciones, denunciando que ni el fiscal ni el Ministerio de Seguridad —a cargo de Juan Pablo Quinteros, de quien también exigen la destitución— activaron a tiempo los protocolos de búsqueda inmediata como el Alerta Sofía. Para el movimiento, la desidia judicial transformó el femicidio en un crimen con clara responsabilidad del poder político.
Un Poder Judicial bajo la lupa
El reciente cruce con Vilches en medio del dolor por el femicidio de Agostina Vega no es un hecho aislado. Es el reflejo de un funcionario acostumbrado al respaldo corporativo del Estado cordobés, pero que vuelve a quedar expuesto ante una sociedad que exige de manera urgente que los tribunales dejen de priorizar el cuidado de las fachadas o las medallas simbólicas, y empiecen a garantizar justicia real.
