La gestión de Martín Llaryora dispuso protocolarmente que quienes realicen amenazas de violencia en establecimientos educativos deberán pagar el costo de despliegues policiales y de emergencia asociados.
El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes en el Boletín Oficial el protocolo a seguir para cubrir los gastos de operativos policiales y de emergencia desencadenados por amenazas de violencia y conductas de riesgo en establecimientos educativos.
La violencia armada en las escuelas era un problema social que Argentina no tenía, más allá de casos aislados; pero en 2026 los hechos de este estilo se multiplicaron con preocupante regularidad.
La desintegración social en todo sentido, desde la violencia en los discursos hasta la violencia económica de la crisis y la falta de redes de apoyo y contención se perfilan como un fenómeno multifactorial. Hogares en crisis, escuelas en crisis, ausencia de terceros espacios, ampliación algorítmica del odio y el acoso en redes, las lista continúa, y una de las expresiones de este combo es la escalada de hechos de violencia entre niñas, niños y adolescentes.
Más allá de que algunos aspectos de este fenómeno excedan el ámbito provincial, la iniciativa del Gobierno no parece preguntarse de fondo cómo abordar y prevenir de modo integral el problema de la violencia en las escuelas.
El flamante protocolo administrativo, bautizado «Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos» y firmado por el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, establece que quienes generen estos episodios de violencia —o sus tutores— deberán hacerse cargo de los costos económicos que ocasionan al Estado provincial.
El protocolo se activa con la intervención directa del Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de identificar a los autores del hecho y a sus adultos responsables.
Tras la identificación, el Estado Provincial determinará los costos operativos específicos de cada intervención realizada, sistematizados en un expediente detallado con el registro del operativo desplegado.
Por último, se cuantificarán los gastos de personal policial y de salud desplegado, incluyendo brigadas especiales (si fueron necesarias) y todo tipo de medios logísticos utilizados, y se procederá con la intimación del pago. El plazo para abonar es de solo 5 días tras recibir la notificación. De no pagar, interviene la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales.
Cabe preguntarse qué resuelve esta medida, más allá de recuperar el dinero gastado de las arcas provinciales. ¿Se reducirán las amenazas?, ¿irán a fondo escalando hacia consecuencias fatales?, ¿el costo económico que la familia deberá afrontar desalienta a un menor dispuesto a herir o matar a otras personas? A su vez, familias de menores recursos están estructuralmente expuestas a una mayor vulnerabilidad en el acceso a sus derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo; puede argumentarse que el protocolo castiga diferencialmente a familias de bajos recursos, que sin duda tendrán mayores problemas para afrontar semejante costo, pero son a la vez las más expuestas a condiciones anómicas y falta de contención. Estas son algunas de las preguntas que despierta el protocolo.
A partir de esta semana, cualquier hecho de amenaza de violencia en una escuela cordobesa derivará en la apertura de un expediente de recupero de gastos. El sistema ya se encuentra plenamente operativo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
