El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a continuar con las transferencias a más de 950 mil beneficiarios. La decisión cuestiona la eliminación del programa y advierte sobre el impacto en sectores vulnerables.
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la interrupción del programa Volver al Trabajo, prevista para mayo, y ordenó al Gobierno nacional mantener los pagos mensuales de 78 mil pesos a 951.781 beneficiarios en todo el país.
La resolución suspende la eliminación del programa hasta que se dicte una sentencia definitiva. En este marco, el tribunal consideró que la decisión impulsada por la gestión de Javier Milei podría afectar derechos básicos de sectores en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, el Ministerio de Capital Humano quedó obligado a sostener las prestaciones económicas y garantizar su continuidad en un plazo no mayor a tres días desde la notificación judicial.
“El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor”, señala la resolución.
En relación con el sistema de vouchers propuesto por el Gobierno como alternativa, el fallo también fue crítico. El juzgado sostuvo que no se trata de una medida equivalente a la asistencia económica actual, puesto que no garantiza la cobertura de necesidades básicas de quienes perciben el programa.
Una barrera de protección
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) destacaron el alcance colectivo de la medida judicial y la definieron como una “barrera de protección” para los más de 950 mil trabajadores de la economía solidaria que cobraban el programa hasta abril.
En este sentido, remarcaron que el fallo reconoce que el Volver al Trabajo -continuidad del ex Potenciar Trabajo- cumple una función clave como “ingreso mínimo de carácter alimentario”, enmarcado en una estrategia de inclusión sociolaboral.
“El Salario Social Complementario nunca fue un privilegio; lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días. Este gobierno pretendía desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia, pero la justicia frenó ese atropello”, expresaron desde la organización.
Finalmente, calificaron la resolución como una “victoria” construida en la organización colectiva y advirtieron que se mantendrán en estado de alerta y movilización para garantizar su cumplimiento efectivo.
