Mientras Argentina registra un femicidio cada 29 horas, la senadora Carolina Losada impulsa un proyecto para endurecer penas contra quienes denuncien violencia de género. Desde MuMaLá advierten que la iniciativa carece de datos reales, es «perversa» y busca disciplinar a las víctimas.
La agenda de género en Argentina atraviesa un momento de máxima tensión institucional. En un rincón, la realidad cruda: el Observatorio MuMaLá revela que el sistema de protección estatal sigue llegando tarde; el 9,5% de las mujeres asesinadas este año ya habían pedido ayuda a la Justicia. En el otro rincón, un discurso que busca instalar la sospecha sistemática sobre las víctimas, cristalizado en el proyecto de ley sobre «falsas denuncias» de la senadora nacional Carolina Losada.
Hablamos con Betiana Cabrera Fasolis, médica, especialista en género y Directora del Observatorio Nacional MuMaLá, quien desarmó los argumentos de una iniciativa que define como «regresiva y perversa».
Legislar sin evidencia: El fantasma de la «falsa denuncia»
Uno de los puntos más críticos que señala Cabrera Fasolis es la falta de sustento empírico. No hay estadísticas oficiales en Argentina que indiquen que las denuncias falsas sean un fenómeno masivo. Al contrario, las cifras globales y regionales demuestran que son casos marginales: representan menos del 1% según ONU Mujeres, y en Argentina, el Consejo de la Magistratura estima que apenas rozan el 3%, vinculadas mayormente a delitos económicos.
«Se está legislando sin evidencia. Es bastante perverso ponernos a hablar de falsas denuncias cuando de lo que sí tenemos evidencia es de que faltan denuncias», explica Betiana. Y agrega un dato contundente: «En nuestro país se denuncian uno de cada cuatro casos de violencia de género. Eso es lo verdaderamente desalentador y habla de lo inaccesible que es la justicia argentina».
Un muro de silencio para los abusos sexuales
El proyecto no solo apunta a las mujeres, sino que pone en riesgo a las infancias. Según Cabrera Fasolis, la iniciativa tiene un sesgo «adultocentrista», ya que al amenazar con sanciones penales a denunciantes y peritos, se sella la boca de quienes deben proteger a niños, niñas y adolescentes en contextos de abuso familiar.
«Cuando hablamos de violencia sexual, solo el 12% de los casos se denuncian. Estamos hablando de que hay casi un 90% de impunidad en este tema. Se trata de acallar a personas que justamente declaran», advierte la especialista.
Este dato cobra mayor relevancia al entender que el 80% de los abusos sexuales son cometidos por familiares. «Nos violan en los ámbitos privados, en el fuero íntimo, en el ámbito intradomiciliario. El proyecto ignora las dinámicas de estos delitos donde la producción de la prueba es compleja y se enfoca en perseguir a quien se anima a denunciar».
El impacto: Disciplinar para retroceder
Para la organización, el proyecto de Losada no es un error de cálculo, sino una decisión ideológica que atenta contra los compromisos internacionales del país. Cabrera Fasolis es tajante al respecto: «Nos hace pensar que persigue justamente un sentido más ideologizado, misógino, también antidiversidades, pero también muy adultocentrista, porque aquí las víctimas van a ser los niños, las niñas y las adolescentes».
Al agravar las penas para peritos (psicólogos y trabajadores sociales), se atenta contra la objetividad de los informes de riesgo y se instala un clima de persecución profesional. «Rechazamos de plano este proyecto porque creemos que se está legislando únicamente para restringir y hacernos retroceder. Es una regresividad en los derechos humanos que va a incrementar la litigiosidad y sobrecargar el sistema de justicia», sentencia la directora del Observatorio.
Los números que la política prefiere ignorar
Mientras el debate legislativo se desvía hacia un problema estadísticamente marginal, la realidad de la violencia machista arroja cifras escalofriantes en el primer trimestre de 2026:
- 73 femicidios registrados (uno cada 29 horas).
- 263 intentos de femicidio.
- 46 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos.
Desde MuMaLá observan con preocupación que el mensaje de «sospecha» ya está calando. «Venimos registrando una baja en las denuncias de víctimas de femicidios. El año pasado el 12% de las víctimas habían denunciado; hoy, al 30 de marzo, ese número bajó a menos del 10%. Hay una falta de acceso total a la justicia que ya está repercutiendo».
Un llamado al Congreso
Finalmente, Cabrera Fasolis advierte que el foco legislativo debe volver a la emergencia real. «Este proyecto justamente lo que hace es alejarnos un poco más de ese acceso a la justicia. Solicitamos a los diputados y a senadores que rechacen de plano este proyecto y que avancen en políticas que fortalezcan el acceso a la justicia», concluye.
El foco, sostienen desde la organización, debe ser fortalecer las herramientas para que el 9,5% de las mujeres que sí se animan a denunciar dejen de terminar en la morgue.
