Tras la gestión de facto de Dina Boluarte, las elecciones confirman la fragmentación de un país donde el orden macroeconómico convive con la precariedad laboral y la impunidad.
Luego de ser postergadas sistemáticamente durante la gestión de facto de Dina Boluarte -marcada por las masacres de civiles y las denuncias de crímenes de lesa humanidad-, Perú acudió finalmente a las urnas para elegir presidente y renovar el Congreso.
El clima previo estuvo signado por un alto porcentaje de abstencionismo que rozó el 30% según las proyecciones de la Asociación Civil Transparencia. En paralelo, sectores de la derecha agitaron el fantasma del fraude, dirigiendo sus ataques contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un intento por deslegitimar los resultados de antemano.
Con 35 candidaturas oficiales, el proceso se sumergió en el caos. Denuncias por falta de material electoral en diversos centros y una inédita doble jornada de votación entre domingo y lunes.
A las 19 horas de este 14 de abril, el conteo oficial avanza con una lentitud exasperante y todavía no alcanza el 80% de las actas procesadas.
La fragmentación del tablero político tiende a favorecer las opciones neoliberales. La única certeza es el relativo liderazgo de Keiko Fujimori, quien consolidó su peso territorial en la costa norte y provincias como Piura y Lambayeque.
Sin embargo, su techo electoral se mantiene rígido en el centro y sur del país, donde las comunidades campesinas e indígenas sostienen la memoria histórica frente a los crímenes de la dictadura de los años noventa.
La hija del exdictador Alberto Fujimori llega a esta instancia cargada con un pesado historial judicial, incluyendo pedidos de 30 años de prisión por lavado de activos y organización criminal en el marco del caso Odebrecht. Su plataforma se reduce a una «mano dura» reactiva y la profundización de un modelo extractivista que criminaliza la disidencia.
¿Quién va a la segunda vuelta?
La disputa por el segundo lugar se mantiene en una zona de sombras. Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto están encerrados en un empate técnico, donde ninguno supera el 13%, con pequeñas diferencias de votos entre cada uno de ellos.
La diferencia mínima, situada dentro del margen de error estadístico, impide -aún- confirmar quién acompañará a Fujimori en la segunda vuelta de junio, alimentando un clima de máxima tensión política.
López Aliaga, quien intenta emular el estilo de Donald Trump pero es apodado popularmente como «Porky«, representa a la derecha más rancia del país.
Miembro del Opus Dei y empresario hotelero con grandes intereses en el sector ferroviario de Cusco a través de PeruRail, gobierna Lima bajo una gestión que combina el conservadurismo religioso con políticas de exclusión social.
En la vereda opuesta, el centrista Jorge Nieto, exministro de Cultura y Defensa, se presenta como la opción del «buen gobierno«. Su propuesta busca una reforma institucional que devuelva la predictibilidad al Estado mediante el fortalecimiento de la burocracia técnica, intentando distanciarse de la polarización ideológica, aunque con una mirada económica que no cuestiona las bases del libre mercado.
Por su parte, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y exministro de Pedro Castillo, aglutina el voto de la izquierda progresista. Su programa centraliza la necesidad de una nueva Constitución y la recuperación soberana de los recursos naturales, presentándose como el canal del descontento social acumulado durante el régimen de Boluarte.
Perú y su macroeconomía ordenada que excluye a millones
Existe un sentido común instalado por las usinas mediáticas liberales que señala a Perú como un modelo de orden macroeconómico. Si bien el sol peruano muestra una estabilidad monetaria, esa cifra oculta una fractura social profunda.
Según datos de la Universidad de Lima, la pobreza alcanza ya a 11 millones de personas, mientras que el 70,2% de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad absoluta, sin derechos ni cobertura social.
Este escenario ha sido el caldo de cultivo para el avance del crimen organizado y el narcotráfico, que hoy controlan barriadas periféricas y lavan activos a través del sistema financiero, bajo la mirada cómplice de cúpulas policiales corrompidas.
La represión estatal tampoco ha dado tregua desde el golpe contra Pedro Castillo, hoy convertido en preso político en el penal de Barbadillo. Las masacres de Apurímac y Puno siguen impunes y la criminalización de la protesta social sumó recientemente una nueva víctima: el rapero y activista «Masiat«, asesinado en un contexto de persecución política que las organizaciones de derechos humanos denuncian a nivel internacional.
Las realidades de Argentina y Perú, aunque con sus matices, convergen en una crisis de soberanía. Ambos países enfrentan la presión de organismos de crédito y el avance de transnacionales agroextractivas y mineras que responden a capitales de Estados Unidos, China y el Reino Unido.
Mientras los indicadores de desarrollo humano se estancan —Perú mantiene un IDH de apenas 0,662—, la concentración de la riqueza se acelera.
En este esquema, la inestabilidad política más que fallo del sistema, es la herramienta necesaria para que las élites económicas garanticen la continuidad de un modelo que excluye a las mayorías. Situación que se intenta institucionalizar cada vez más en Argentina.
