El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su entorno. La medida profundiza las sospechas sobre su patrimonio, mientras el presidente Javier Milei sostiene una defensa cerrada del funcionario.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con una decisión que eleva la presión política sobre el Gobierno nacional.
El juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de la empresa que ambos integran, en busca de esclarecer el origen de sus bienes.
La medida apunta a reconstruir en detalle los movimientos financieros del entorno familiar y empresarial de Adorni, en un intento por detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.
En el centro de las sospechas aparecen tres propiedades adquiridas por la pareja: dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires -ubicados en los barrios de Caballito y Parque Chacabuco- y una casa en un country de Exaltación de la Cruz. La Justicia busca determinar si estas operaciones se corresponden con los ingresos formales del funcionario o si existieron maniobras irregulares.
El fallo judicial también alcanza a un grupo de personas que figuran como acreedoras de Adorni, cuyos movimientos fiscales serán analizados para establecer posibles vínculos financieros que expliquen las adquisiciones bajo la lupa.
La investigación se inició a comienzos de marzo y, desde entonces, el Gobierno nacional optó por cerrar filas en defensa del jefe de Gabinete. Lejos de tomar distancia, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a Adorni, incluso en medio de versiones sobre una eventual salida del funcionario.
Este alineamiento político, en paralelo al avance de la causa, abre interrogantes sobre los estándares de transparencia que pregona la administración libertaria. Mientras la Justicia profundiza las medidas para esclarecer el patrimonio del jefe de Gabinete, el Ejecutivo apuesta a sostenerlo sin matices. Una decisión que tensiona el discurso oficial con los hechos que se investigan.
