Diputados de distintos bloques presentaron nuevas pruebas sobre anomalías en el proceso. Cuestionan falta de transparencia, participación restringida y manipulación en la selección de expositores.
Diputados y diputadas de la oposición avanzaron con una ampliación de la impugnación contra la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares, al incorporar nuevos elementos que, según sostienen, evidencian irregularidades graves en el desarrollo del proceso.
La presentación, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reúne denuncias sobre múltiples aspectos: desde criterios de selección poco claros hasta restricciones en el acceso a la sala, pasando por modificaciones en las reglas durante la propia audiencia y la presunta manipulación en los listados de expositores.
Entre quienes impulsaron el planteo se encuentran Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro, Lucía Cámpora, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán y Pablo Farías, en una articulación que reúne a legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la UCR y espacios provinciales.
Uno de los puntos más cuestionados refiere a la habilitación de participantes que no figuraban en el listado oficial de expositores. Según la denuncia, al menos cuatro personas intervinieron pese a no haber sido seleccionadas, entre ellas representantes del Ministerio de Minería de San Juan, que habrían sido incorporados de manera sorpresiva.
También se señala como irregular el cierre anticipado de la audiencia. De acuerdo al escrito, el diputado Nicolás Mayoraz dio por finalizada la jornada cuando aún quedaban seis personas con participación pendiente. Estas se encontraban en las inmediaciones del Congreso y luego fueron autorizadas a ingresar por personal de la Cámara, que les otorgó pulseras identificatorias como al resto de los participantes.
Para la oposición, este episodio refuerza la hipótesis de una “manipulación arbitraria” en la organización de la audiencia, vulnerando el principio de igualdad en la participación.
La diputada Gabriela Estévez, una de las firmantes, expresó públicamente que el cuestionamiento no se limita a cuestiones formales. “Cuando las reglas cambian, los criterios no son claros y la mayoría no puede intervenir, la audiencia pierde su sentido”, sostuvo.
En este marco, los legisladores advirtieron que la metodología implementada no solo resultó insuficiente para garantizar una participación efectiva, sino que terminó vaciando de contenido el carácter deliberativo de la audiencia pública. Según plantean, las irregularidades detectadas comprometen la validez del procedimiento y ponen en discusión su legitimidad jurídica.
