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La Justicia dictó un fallo para que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario

Publicado por:Ramiro Quintanilla

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso el cumplimiento de la normativa sancionada por el Congreso el año pasado, respondiendo a la cautelar que interpuso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Puntualmente, el gobierno de Milei debe actualizar los salarios universitarios y el monto de las becas estudiantiles.

Mediante un fallo judicial, la Justicia ratificó que el gobierno debe ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso el cumplimiento de la normativa sancionada por el Congreso el año pasado, respondiendo a la cautelar que interpuso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Puntualmente, el gobierno de Milei debe actualizar los salarios universitarios y el monto de las becas estudiantiles.

La medida judicial dispone la ejecución inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario los cuales se refieren a la actualización de los salarios universitarios y el monto de las becas estudiantiles.

Recordamos que el artículo 5 señala: «El Poder Ejecutivo nacional deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo período. Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial«.

El inciso 6 refiere a los montos de las becas estudiantiles y su actualización. Recordemos que el Congreso sancionó la normativa, luego Milei la vetó, pero el Poder Legislativo ratificó la ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, el Ejecutivo promulgó en octubre pasado la normativa pero dispuso que su aplicación quede suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Allí, fue que los rectores nucleados en el CIN decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.

El reclamo se profundizo el añó pasado cuando el presupuesto 2026 no contemplaba la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este sentido, el proyecto de ley que comenzó a tratar el Congreso, le destinaba un 30% menos de recursos a las universidades que lo contemplado por la legislación.

Si bien significaba una mejora ya que se destinaba un presupuesto mayor, el gobierno pretendia inyectar en el sistema universitario nacional 4,8 billones de pesos en el corriente año, cuando la ley señala que el monto debe ser de 7,2 billones de pesos.

Allí, fue que los rectores nucleados en el CIN decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

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