Organizaciones de Córdoba rechazaron la reforma de la Ley de Glaciares en una audiencia pública nacional y advirtieron que implica un retroceso ambiental y una vulneración de derechos. También denunciaron restricciones a la participación ciudadana y el incumplimiento de estándares internacionales.
Diversas organizaciones socioambientales de Córdoba expresaron su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares durante la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación.
La exposición estuvo a cargo de la abogada Ananda Lavayen, integrante del área de Ambiente de Fundeps, quien participó en representación de cuatro espacios ante las limitaciones impuestas al proceso.
Las organizaciones -Natura Argentina, Plurales, Foro Ambiental Córdoba y Fundeps- manifestaron su preocupación por el carácter “inconstitucional” de la propuesta en debate. Según señalaron, la iniciativa implica un retroceso en materia ambiental al debilitar estándares de protección y poner en riesgo principios fundamentales como el de progresividad y no regresión en derechos humanos, que constituyen obligaciones jurídicas del Estado.
En este sentido, remarcaron que los glaciares cumplen un rol estratégico como reservas de agua dulce, por lo que su preservación resulta clave para garantizar derechos básicos de la población. “Defender la Ley de Glaciares es defender el derecho al agua, a un ambiente sano y a una vida digna”, sostuvieron.
Cuestionamientos al proceso de debate
Además del contenido de la reforma, las organizaciones apuntaron contra la modalidad de la audiencia pública. Denunciaron que la participación fue “extremadamente limitada”, lo que contradice los estándares internacionales en materia de acceso a la información y participación ciudadana.
En particular, señalaron incumplimientos respecto al Acuerdo de Escazú, tratado regional que garantiza derechos de acceso en asuntos ambientales, y a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC 32/25.
Desde los espacios convocantes, alertaron que este tipo de instancias deben garantizar una participación efectiva y amplia de la sociedad civil, especialmente en debates que involucran bienes comunes estratégicos como el agua.
Un debate con impacto a largo plazo
El posicionamiento de las organizaciones cordobesas se inscribe en un escenario de creciente tensión en torno a la política ambiental a nivel nacional. Para los colectivos, la eventual modificación de la Ley de Glaciares no solo afecta ecosistemas sensibles, sino que también compromete derechos de las generaciones presentes y futuras.
En ese marco, insistieron en la necesidad de sostener marcos normativos que protejan los bienes naturales frente a intereses extractivos, y reclamaron que cualquier intento de reforma respete los estándares constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.
