Instituciones, profesionales y familias alertan sobre una grave crisis en el sistema de discapacidad en Argentina. Denuncian atraso en pagos de prestaciones, falta de financiamiento y el incumplimiento de la Ley de Emergencia. Convocaron a un cese de actividades los días 13, 18 y 19 de marzo.
El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una profunda crisis en todo el país. Instituciones prestadoras, profesionales, familias y organizaciones del sector denunciaron que se interrumpió la cadena de pagos de las prestaciones y que la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada para contener la situación, continúa sin implementarse plenamente.
Según señalaron en un comunicado, la situación genera “angustia y preocupación” porque pone en riesgo la continuidad de los servicios que reciben miles de personas con discapacidad, así como el funcionamiento de los espacios que los brindan.
Una ley vigente que no se aplica
Desde el sector afirman que, pese a los anuncios oficiales, las medidas previstas en la Ley de Emergencia no llegaron a concretarse. Entre los principales reclamos señalan que ninguna de las herramientas de apoyo estipuladas para los prestadores fue efectivamente implementada.
Además, cuestionan que los aumentos otorgados a los aranceles de las prestaciones resultan insuficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y cubrir los costos operativos. Según advierten, los incrementos no respetan lo establecido en el texto ni el espíritu de la ley sancionada para enfrentar la crisis.
Otro de los puntos señalados es la reglamentación publicada el 4 de febrero mediante el Decreto 84/2026. Aunque establece algunos procedimientos y plazos para aplicar la norma, desde el sector sostienen que quedaron sin reglamentar aspectos centrales vinculados al financiamiento del sistema.
En particular, remarcan la ausencia de disposiciones que garanticen recursos para las pensiones, las prestaciones y las políticas de fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Cambios en pensiones y nuevas críticas
A la falta de financiamiento se suman cuestionamientos a la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 2 de marzo, que establece nuevas normas para el proceso de conversión de las pensiones no contributivas a la Pensión por Discapacidad para Protección Social.
Las organizaciones sostienen que la resolución introduce procedimientos que consideran regresivos. Entre ellos mencionan la reinstalación de auditorías que, según interpretan, contradicen el criterio de “conversión de oficio” establecido por la ley.
También critican la vuelta a requisitos contemplados en el Decreto 432/97 -normativa que en el pasado fue cuestionada judicialmente- y la exigencia de presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en un plazo de 30 días.
Desde el sector señalan que esta exigencia resulta difícil de cumplir, ya que el propio Estado suele prorrogar los vencimientos de los certificados por falta de capacidad operativa para renovar la documentación en todo el país.
Corte en la cadena de pagos
La situación se agravó en los últimos meses con la interrupción en los pagos de prestaciones por parte de organismos financiadores, entre ellos PAMI, el programa Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales.
Según denuncian las instituciones, el atraso se registra desde diciembre y afecta el financiamiento de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad.
Advierten que, si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, el funcionamiento de toda la red de prestaciones queda paralizado. En ese escenario, no solo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, sino también los de los profesionales que trabajan en el sector.
Cese de actividades y reclamos
Frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional y al atraso en los pagos, las organizaciones resolvieron convocar a un cese de actividades los días 13, 18 y 19 de marzo en instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad.
La medida busca visibilizar la crisis y exigir el pago inmediato de las prestaciones adeudadas, el cumplimiento efectivo de la ley vigente y la implementación de medidas urgentes que permitan sostener el sistema.
Desde el sector advierten que la situación no solo pone en riesgo la continuidad de instituciones y puestos de trabajo, sino también la calidad de vida de miles de personas y familias que dependen de estos servicios para su desarrollo y autonomía.
