La Cámara de Diputados de la Nación, dio media sanción al proyecto del gobierno nacional que crea un nuevo “Régimen Penal Juvenil” y que contiene medidas como la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Este viernes, llega al Senado.
Por Emilia Lucía Mansilla – Mauricio Mellone
En el último tiempo, los medios de comunicación se han visto inundados de “noticias” en las que se enfatiza, una y otra vez, que quienes cometen determinados delitos son menores de edad -y lo subrayamos porque ese ha sido el énfasis elegido por los propios medios-. En paralelo, comenzó a instalarse con fuerza, y a posicionarse en encuestas y debates públicos, la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad.
En ese contexto, funcionarios y autodenominados “especialistas” desfilaron por los estudios de televisión repitiendo slogans y consignas que reducen problemas profundamente complejos a fórmulas supuestamente inmediatas: la necesidad de “terminar con la puerta giratoria” por la que un menor entra y sale de una comisaría; la afirmación de que “delito de adulto merece pena de adulto”; o el ya instalado “el que las hace, las paga”, presentado como garantía de firmeza y seguridad.
Bajo ese clima discursivo y tal como lo proponía el proyecto original, durante la semana pasada se defendió la baja edad de imputabilidad durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, con el acompañamiento de los representantes oficialistas. Pero esas intervenciones mediáticas, con un anclaje social incluso más amplio, no solo buscaron respaldar una reforma legislativa: también contribuyeron a reforzar y ampliar un sentido común que no es nuevo, aunque sí persistentemente reactualizado, según el cual los niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente aquellos que habitan sectores atravesados por la pobreza y la exclusión, aparecen como sujetos potencialmente peligrosos, más cercanos a la amenaza que al derecho. Así, el debate público se fue desplazando hacia una mirada que individualiza responsabilidades y endurece castigos, mientras desdibuja las condiciones estructurales que configuran las trayectorias y modos de vida de muchas adolescencias e infancias en nuestro país.
Sin embargo, creemos que lo que está en juego no es solo una edad en un artículo de ley, sino el modo en que una sociedad decide mirar a sus niñeces y adolescencias. ¿Qué lugar ocupan hoy NNA en el debate público? ¿Son concebidos como sujetos políticos y de derecho, como objetos de tutela o como amenazas potenciales? ¿Qué representaciones y sentidos comunes circulan cuando se habla de “menores” en conflicto con la ley? ¿Qué imágenes se construyen, qué miedos se alimentan, qué silencios se sostienen? ¿Qué presentes y qué futuros aparecen como posibles?
También cabe preguntarse qué proyecto político y de sociedad se expresa en una iniciativa de este tipo: ¿Qué hubiera ocurrido si toda la energía y creatividad invertidas en instalar una agenda de desidia y exclusión se hubieran orientado a la construcción de soluciones de fondo, capaces de abordar las problemáticas reales que esas consignas y slogans demagógicos mencionados anteriormente representan?
Volviendo a las consignas mencionadas, interesa poner en tensión algunas cuestiones. En primer lugar, la reiterada apelación a la “puerta giratoria”, entendida como la gran tasa de reincidencia de nuestro país, funciona como un recurso eficaz para indignar, pero pobre para comprender. Si un adolescente entra y sale del sistema sin que su situación cambie, ¿no debería eso interpelarnos sobre la calidad de las intervenciones estatales y sobre las condiciones en las que funcionan los dispositivos de encierro?
Las cárceles y centros de detención en nuestro país lejos de ofrecer espacios de reparación, formación o restitución de derechos, suelen reproducir lógicas de violencia, hacinamiento y exclusión. En ese contexto, insistir en bajar la edad de imputabilidad, apenas amplía el universo de jóvenes expuestos a instituciones que no transforman sus trayectorias y modos de vida.
La “puerta giratoria”, entonces, no es una causa sino un síntoma. Un síntoma de que el foco está puesto en financiar el castigo antes que en garantizar políticas públicas integrales para NNA. No se trata de desconocer la existencia de niñxs y/o adolescentes en conflicto con la ley penal, sino de reconocer la complejidad de ese entramado. Si el Estado invierte prioritariamente en encierro, desde consignas simplificadas, la puerta seguirá girando. Correr el eje implica otra decisión política: abrir otras puertas -las de la educación, el trabajo, la salud, el acompañamiento territorial, etc- que permitan construir recorridos distintos al circuito repetido del sistema penal.
En segundo lugar, se insiste en que “a delito de adulto le corresponde pena de adulto”. Una frase que parece justa pero que es profundamente engañosa. Bajo una aparente lógica de igualdad entre delito y pena, se omiten las enormes desigualdades de origen que atraviesan a NNA en nuestro país. Se equipara la respuesta penal sin reconocer que no son equivalentes las trayectorias, las oportunidades ni los puntos de partida. Esa igualdad formal desconoce a quienes estarán en el foco de esta nueva realidad: niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la exclusión, la deserción escolar, los consumos problemáticos o la falta de horizontes laborales. Y expresa, además, un claro desentendimiento estatal: en lugar de asumir la responsabilidad de intervenir tempranamente y garantizar derechos, se elige que la primera respuesta frente al conflicto sea el encierro. Castigar reemplaza así a la política pública.
En este marco, sostenemos que esta consigna, además de cruel y descontextualizada, es profundamente adultocentrista. Parte de una mirada que niega las especificidades de las infancias y adolescencias, y que las evalúa desde parámetros propios de cierto mundo adulto, como si se tratara de trayectorias equivalentes. Por eso resulta imprescindible explicitar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y también sujetos políticos, con tiempos, procesos y modos de estar en el mundo particulares.
No se trata de desconocer ni centrar solamente la mirada en la compleja trama que vincula pobreza, desigualdad e infancia/adolescencia, ni los efectos reales que estas condiciones tienen sobre las trayectorias de vida. Pero sí de cuestionar las miradas anticipatorias y estigmatizantes que asocian de manera lineal a determinados sectores sociales con la violencia, el desorden o el delito, como si se tratara de rasgos inherentes, homogéneos y transmisibles entre generaciones. Esa forma de mirar, clausura toda posibilidad de pensar a los sujetos que estan en el centro de esta ley como sujetos diversos, con experiencias, deseos y potencias que no pueden reducirse a su origen social.
Desde esta perspectiva, no es casual que una ley como la que se propone convierta a determinadas infancias y adolescencias en potenciales peligros sociales. Se proyecta un país en el que el Estado se corre de su responsabilidad de garantizar derechos y opta por anticipar castigos. Un país que, en lugar de sostener el marco de protección integral consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño -de jerarquía constitucional-, elige administrar el miedo y la exclusión como forma de gobierno.
Por ultimo, el slogan favorito del gobierno nacional y sus funcionarios es: “el que las hace, las paga”. Un latiguillo que podemos ver y escuchar en publicaciones de cada uno de los funcionarios del gobierno, del mismo Presidente y gran parte de sus seguidores. Una consigna que, entre otras cosas, pretende transmitir a la sociedad cierta seguridad sobre un gobierno que no va a permitir que nadie (de manera supuestamente igualitaria) se corra del marco legal vigente.
Si analizamos los datos sobre detenciones y población carcelaria, advertimos que el sistema penal recae, de manera abrumadora, sobre los sectores más pobres. Allí el slogan pierde su pretendida neutralidad y deja al descubierto su demagogia: no estamos frente a una consigna igualitaria, sino ante un mecanismo que selecciona y castiga siempre a los mismos.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, una consigna como esta exige, además, volver a formular preguntas básicas sobre el sujeto y la acción: ¿quién hace?, ¿qué hace?, ¿en qué condiciones lo hace?, ¿qué significa “pagar” y cómo se paga?, ¿quiénes efectivamente pagan y quiénes nunca lo hacen? Interrogantes que pueden parecer obvios pero que no pueden formularse al margen del reconocimiento de que NNA son sujetos de derecho, amparados por garantías constitucionales que obligan al Estado a priorizar su protección integral antes que su castigo.
La trampa discursiva es, en este punto, aún más perversa. Mientras se instala la idea de una justicia severa y sin privilegios, el peso real del sistema punitivo cae casi exclusivamente sobre los sectores socialmente desfavorecidos. Se genera así una competencia por “zafar” entre quienes comparten condiciones de exclusión, alimentando una lucha “de pobres contra pobres”, mientras los sectores con mayores recursos transitan el conflicto con la ley en condiciones muy distintas, con redes de protección y posibilidades de eludir consecuencias que rara vez se visibilizan. De este modo, la promesa de que “quien las hace las paga” no universaliza la responsabilidad: la distribuye de manera profundamente desigual.
“Cuando se encarcela temprano, se está llegando tarde” no es solo una consigna para disputar todas las anteriores: es la constatación de un fracaso previo. Se llega tarde cuando el Estado no garantizó derechos a tiempo, cuando las políticas públicas no acompañaron las trayectorias, cuando la escuela, la salud, el trabajo y la comunidad no fueron sostenidos como prioridad, cuando no nos preguntamos qué ciudadanía queremos construir. Encarcelar antes no es prevenir mejor, es reconocer que se eligió intervenir recién en el último eslabón del conflicto. Y entonces resuena, incómoda, aquella frase de la canción Toxi Taxi: “Te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal”. Porque eso es lo que ocurre cuando la respuesta aparece únicamente en clave punitiva. El verdadero debate no es cuánto castigar, sino qué responsabilidad asumimos como Estado y como adultos frente a nuestras niñeces y adolescencias: si vamos a responder con encierro o si, finalmente, vamos a llegar a tiempo.
