La cúpula de la Confederación resolvió “dejar pasar” el tratamiento de la Ley en el Congreso este viernes y enfrentar la reforma en la Justicia.
Los directivos de la CGT resolvieron judicializar la Reforma Laboral y marchar el lunes 2 de marzo, tras definir en una reunión el plan de acción a seguir y considerar la aprobación del proyecto de ley como algo inevitable e inminente.
La marcha está fechada para el próximo lunes en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires.
Inicialmente se había propuesto un paro de 36 horas, impulsado por sectores más combativos: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos CTA.
Sin embargo la mayoría de la cúpula de la CGT decidió poner sus fichas en la lucha judicial contra la Reforma Laboral, teniendo en cuenta la cantidad de aspectos que contradicen derechos constitucionales y adquiridos. Consideraron que no hay clima para un nuevo paro general ni movilizaciones previas a la aprobación de la reforma.
Este viernes 27 de febrero el Senado tratará nuevamente la Reforma, ya sin su artículo 44, rechazado en Diputados, que proponía recortes de sueldo en casos de enfermedad o accidente. Todo indica que la Cámara Alta ratificará el proyecto y se convertirá en ley.
Jorge Sola, parte del triunvirato conductor de la CGT, aseguró que la decisión es “respaldar el análisis legal que se viene realizando y la presentación que hará la CGT sobre los puntos que consideramos inconstitucionales”, optando por una estrategia moderada.
Durante el debate interno surgieron posiciones más confrontativas como la de Juan Carlos Schmid, referente de Dragado y Balizamiento y titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quien propuso paros sectoriales en reclamo de mejoras salariales y laborales. O la de Omar Maturano, líder de La Fraternidad, que planteó convocar al Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para definir nuevas medidas de acción directa.
No obstante, la cúpula de la CGT se mantuvo firme en optar por opciones dialoguistas, a pesar del gran malestar que suscita entre muchos trabajadores la pasividad que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, sostuvo este organismo precisamente creado para defender sus intereses.
“Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia«, dijo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. «¿Cuándo van a confiar en los trabajadores? Me parece que se están poniendo excusas para no pelear. Va a haber un día después y vamos a tener que explicar dónde estuvo cada uno en este tiempo. La historia nos va a juzgar», culminó.
