El juez laboral Herman Mendel suspendió las actuaciones iniciadas tras una protesta en el hospital pediátrico y cuestionó la imparcialidad del proceso. Señaló que los mensajes oficiales podrían configurar un “obstáculo” a la libertad sindical y un antecedente disciplinador.
El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo judicial. El juez laboral Herman Mendel ordenó suspender los sumarios administrativos abiertos contra trabajadores y delegados sindicales que participaron de una protesta en octubre pasado y dispuso que las actuaciones queden bajo la órbita de su juzgado.
La medida cautelar fue dictada a pedido de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), que denunció una avanzada disciplinaria contra representantes gremiales. Para el magistrado, existen indicios de “persecución y hostigamiento” y el trámite de los sumarios podría constituir un obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical.
El origen del conflicto
A fines de octubre, trabajadores del hospital pediátrico reclamaron una reunión con el interventor Mariano Pirozzo luego de que se aplicaran fuertes descuentos salariales por jornadas de paro. Según relataron desde APyT, hubo casos de profesionales que percibían salarios cercanos al millón de pesos y sufrieron quitas de hasta el 50%.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, un grupo de empleados realizó una protesta pacífica en la sede administrativa para exigir la devolución de los montos descontados. Días después se abrieron 40 sumarios, de los cuales 12 contemplaban posibles cesantías de delegados y trabajadores sindicalizados.
El sindicato presentó un amparo y solicitó la suspensión de las actuaciones. La preocupación creció cuando, en pleno trámite y antes de que los trabajadores pudieran ejercer su derecho de defensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó en la red social X que el hospital había solicitado el desafuero de gremialistas para despedirlos y que otras 29 personas serían sancionadas.
Desde la dirección del hospital también se difundió un comunicado en el que se hablaba de expulsiones tras “meses de investigación”, pese a que el proceso aún no estaba concluido.
El fallo y sus fundamentos
En su resolución, Mendel reconoció que el hospital tiene facultades para instruir investigaciones internas, pero advirtió que su desarrollo no puede afectar -de manera efectiva o potencial- el normal ejercicio de funciones sindicales.
El juez sostuvo que los pronunciamientos públicos del jefe de Gabinete podrían implicar una amenaza a la continuidad de la actividad gremial y poner en duda la imparcialidad del proceso. Por el tono “asertivo” de los mensajes oficiales, consideró verosímil que no se tratara de meras hipótesis sino de un anticipo extraoficial del resultado del sumario.
La resolución señala que el adelantamiento público de posibles sanciones podría operar como un antecedente “claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”, lo que configuraría una violación del derecho constitucional a la libertad sindical.
Por ello, hizo lugar a la cautelar para una docena de trabajadores, suspendió los sumarios y ordenó que las actuaciones pasen al juzgado laboral. La intervención del hospital tiene tres días para apelar, aunque la suspensión se mantiene hasta que se expida la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Un conflicto que sigue abierto
El trasfondo del conflicto es más amplio. Tras meses de medidas de fuerza, el Gobierno otorgó un incremento salarial del 61%, aunque desde APyT sostienen que el desgaste ya provocó la salida de cerca de 300 profesionales y el debilitamiento de distintos servicios.
Según denuncian, continúan medidas que interpretan como represalias: desde la eliminación de vacantes en el jardín maternal hasta la finalización de contratos de guardia bajo la modalidad de empleo público, con la propuesta de reconvertirlos en locaciones de servicios. También apuntan a una campaña de estigmatización en medios de comunicación.
Desde el sindicato celebraron el fallo como “una bocanada de aire” y convocaron a un abrazo simbólico al hospital para defender la institución y respaldar la resolución judicial.
