En medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y con el respaldo del sector minero y gobernadores cordilleranos, el Senado se prepara para debatir una reforma a la Ley de Glaciares que el Gobierno presenta como una “adecuación técnica”, pero que ONGs y especialistas advierten como un posible retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron en diciembre un dictamen favorable al proyecto del Poder Ejecutivo que propone una adecuación a la Ley de Glaciares (N° 26.639).
Tras varias jornadas de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó postergado para febrero y podría concretarse el miércoles 11, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
Fuentes parlamentarias indicaron que el oficialismo evalúa priorizar este debate por sobre la reforma laboral, que enfrenta mayores dificultades para reunir consensos. Aunque circuló la posibilidad de una sesión el 4 de febrero, desde el Congreso la consideran poco viable por la complejidad logística de reunir a los senadores en pleno receso estival.
Un proyecto que busca “ordenar” la aplicación de la norma
Desde el Gobierno nacional aseguran que la iniciativa no implica una nueva ley ni una flexibilización ambiental, sino una corrección técnica y jurídica para reducir la incertidumbre en la aplicación de la normativa vigente. El objetivo central, sostienen, es clarificar alcances, reforzar el rol de las provincias y mejorar la seguridad jurídica, sin modificar las prohibiciones esenciales ni afectar proyectos en marcha.
El Ejecutivo remarca que la propuesta se apoya en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, buscando equilibrar la protección ambiental con el federalismo y la autonomía provincial sobre los recursos naturales. Además, garantiza que la adecuación no tendrá efectos retroactivos, no impactará sobre proyectos aprobados bajo el RIGI ni sobre Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes, ni modificará compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
La Casa Rosada sostiene que más de 30.000 millones de dólares en inversiones mineras dependen de contar con reglas claras, y que el texto recoge reclamos históricos de provincias cordilleranas, con respaldo de gobernadores que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.
Un debate sensible para el ambiente y la minería
El tratamiento legislativo reactivó uno de los debates más delicados del escenario político argentino: el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y seguridad hídrica.
Organizaciones ambientalistas advirtieron que la iniciativa podría representar un retroceso en la protección de glaciares y ambientes periglaciales, en un contexto de crisis climática y estrés hídrico. Un amplio frente de ONG -entre ellas Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima- alertó que cualquier debilitamiento de la norma pondría en riesgo la provisión de agua para más de siete millones de personas.
Las entidades recordaron que Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares en 12 provincias, fundamentales para alimentar 36 cuencas hídricas en todo el país. También cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, argumentando que podría vulnerar principios de no regresión ambiental, precautorio y presupuestos mínimos nacionales, además de abrir la puerta a criterios desiguales entre provincias.
La postura de las empresas mineras y los proveedores
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayan que no buscan derogar la ley, sino mejorar su aplicación mediante definiciones más precisas, especialmente en torno al ambiente periglacial, con el fin de reducir conflictos judiciales y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo.
La entidad remarca que la minería está prohibida sobre glaciares y que los proyectos deben atravesar evaluaciones ambientales estrictas, con controles provinciales y estándares internacionales. Para el sector, una reglamentación más clara permitiría fortalecer la protección ambiental sin frenar el desarrollo productivo.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) expresó su respaldo a una adecuación técnica. Su presidente, Manuel Benítez, destacó la necesidad de una minería responsable, con fuerte apoyo en la ciencia, la tecnología y la participación provincial. Señaló que el Inventario Nacional de Glaciares requiere actualización y que existen capacidades técnicas en distintas provincias para fortalecer su elaboración.
Un debate que promete tensión en el Congreso
El debate sobre la Ley de Glaciares se perfila como uno de los ejes legislativos más intensos del verano. Mientras el Gobierno y el sector minero insisten en que se trata de una ley aclaratoria y no regresiva, el movimiento ambientalista sostiene que cualquier modificación pone en riesgo reservas estratégicas de agua, derechos ambientales y la sostenibilidad futura.
Con la fecha del 11 de febrero como posible punto de inflexión, el Senado se prepara para un tratamiento atravesado por intereses económicos, disputas federales, advertencias ambientales y presión social.
