Se aumentó el gasto público, pero no se observan modificaciones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a estas dos áreas.
El Presupuesto 2026 presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sin contemplar las partidas presupuestarias que exigen las leyes sobre discapacidad y universidades públicas.
El hecho fue señalado por un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). El Congreso introdujo un mayor gasto público (equivalente al 0,56% del PBI), pero sin realizar cambios en el Presupuesto para este año, que se sancionó igual a como lo envió el Poder Ejecutivo Nacional.
El Presupuesto 2026 no cumple con la Ley
Las partidas presupuestarias para este año siguen sin cumplir con lo establecido en dos leyes urgentes: la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas normativas sufrieron un arduo camino de discusiones, aprobaciones, derogaciones y ratificaciones, en un tira y afloje entre el Poder Legislativo, cuyos miembros votaron mayoritariamente a favor en todos los casos, y el Poder Ejecutivo, decidido a bloquearlas mediante DNU y otras dilaciones por considerarlas contrarias a su política de déficit cero.
Luego de las vueltas, tanto la Emergencia en Discapacidad como el Financiamiento Universitario son leyes. Las partidas presupuestarias del año 2026 están obligadas a incluir los fondos estipulados según cada normativa.
Sin embargo, el documento de ASAP señala: “Este Presupuesto fue sancionado sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas en el Proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre, aun cuando durante el tratamiento legislativo se realizaron cambios que implican nuevos gastos”.
ASAP considera que “el financiamiento de estas políticas podría quedar sujeto a eventuales adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio”, para dar cumplimiento a su artículo 1º, según el cual el Presupuesto debe presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario.
Un juez federal le dio un plazo al Gobierno para que cumpla con la Emergencia en Discapacidad
Esta disposición judicial entra en conflicto con un Presupuesto 2026 que no contempla lo acordado por la Ley, ni en materia de discapacidad ni en universidades.
El Gobierno prevé introducir, dentro de la Reforma Laboral que se discutirá en febrero, una rebaja de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 puntos del PBI. Para las empresas sí hay presupuesto, para discapacitados y casas de altos estudios, no.
Los ingresos de la APN tendrán una caída real del 12% respecto al año pasado
La Administración Pública Nacional (APN) comienza el 2026 con un nivel de ingresos previstos que significan una caída real del 12% respecto a 2025, con un recorte en el gasto del 4,9%.
Los ingresos totales de la APN que el Gobierno registró en 2025 fueron de $134,5 billones. De ese total, $73 billones correspondieron a ingresos impositivos y $40,8 billones a ingresos de la Seguridad Social.
Para 2026, en cambio, están previstos ingresos por $147,9 billones. En términos absolutos, se trata de un incremento de $13,4 billones, equivalente a una suba nominal del 10%, pero que implica una caída real del 12,7%, si se ajusta por la inflación prevista para el año según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
Cabe recordar que el Presupuesto 2026 fue elaborado bajo el supuesto de que el PBI crecerá 5% y que la inflación será del 10,1%.
Es posible que el Estado recaude más dinero del que proyectó para este año, porque el tamaño de la economía (PBI nominal) probablemente será mayor y los ingresos acompañarán ese crecimiento. Esto se debe a que la inflación real podría ubicarse entre el 23% y el 26%, bastante por encima del 10,1% que el Gobierno calculó en el Presupuesto.
Por otro lado, el gasto total previsto para 2026 es de $148,1 billones. Esto representa un aumento del 20% en términos nominales, pero una baja real del 4,9% si se tiene en cuenta la inflación. Es decir, aunque el gasto suba en pesos, en la práctica alcanzará para menos.
Según los números oficiales, el resultado fiscal estaría casi equilibrado. Sin embargo, los gastos que se actualizan por inflación crecerán más de lo previsto, lo que obligará al Gobierno a ajustar aún más las partidas que no están protegidas por actualizaciones automáticas, profundizando el recorte en áreas sensibles.
