El Ejecutivo impulsa cambios en la ley de inteligencia mediante un DNU que declara encubiertas todas las actividades del sistema, habilita detenciones por parte de agentes y amplía el uso de la fuerza. La iniciativa es cuestionada por vulnerar garantías constitucionales, el principio de legalidad y los límites entre inteligencia y funciones policiales.
El Gobierno nacional avanza en una reforma integral del Sistema de Inteligencia Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que amplía de manera significativa las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La iniciativa, que no pasará por el Congreso, ya genera fuertes cuestionamientos por su posible inconstitucionalidad y por el retroceso que implicaría en materia de derechos, controles democráticos y división de poderes.
Según el borrador del decreto que trascendió en distintos medios, uno de los cambios centrales es la declaración de carácter “encubierto” para todas las actividades de inteligencia. El artículo 2 establece que la totalidad de las tareas del sistema revisten ese carácter “en virtud de su sensibilidad”, con el argumento de minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. Especialistas advierten que una formulación tan amplia podría habilitar la opacidad total del accionar estatal en un área históricamente atravesada por abusos y falta de control.
Otro de los puntos más controvertidos es el artículo 19, que autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad y a “repeler o hacer cesar” agresiones que pongan en riesgo instalaciones, bienes, personal, operaciones o información.
La norma habilita estas acciones tanto en sedes oficiales como durante desplazamientos o en cualquier lugar donde se desarrollen actividades de inteligencia, incluso de manera circunstancial. Para distintos sectores políticos y jurídicos, esta redacción amplía de hecho el uso de la fuerza sin los controles propios de las fuerzas de seguridad.
Detenciones sin control judicial
La iniciativa va aún más lejos al habilitar explícitamente a los agentes de inteligencia a realizar aprehensiones. El borrador señala que, en el marco de actividades de inteligencia, requerimientos judiciales o ante delitos en flagrancia, el personal podrá detener personas, dando aviso posterior a las fuerzas de seguridad. Este punto concentra gran parte de las críticas, puesto que contradice el marco legal vigente que separa claramente las funciones de inteligencia de las tareas policiales y judiciales.
Juristas y referentes de la oposición advierten que permitir detenciones por parte de agentes de inteligencia vulnera garantías constitucionales básicas, como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de legalidad, además de reinstalar prácticas que la legislación actual buscó desterrar tras décadas de uso político y persecución ilegal desde los servicios de inteligencia.
Un cambio estructural sin debate parlamentario
El DNU también impulsa una reestructuración profunda del sistema. Entre otras modificaciones, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete que encabeza Manuel Adorni. Además, redefine nombres y funciones de distintas áreas y concentra la designación de autoridades en el Secretario de Inteligencia, actualmente Cristian Auguadra.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma “moderniza y ordena” el sistema, lo integra al Estado y lo adapta a amenazas contemporáneas. No obstante, los cambios se impulsan sin debate parlamentario, pese a tratarse de una materia sensible que involucra derechos fundamentales y el equilibrio de poderes, lo que refuerza los cuestionamientos sobre el uso del DNU para modificar una ley de fondo.
Más atribuciones y menos controles
El proyecto redefine además a la Agencia de Seguridad Nacional, que pasaría a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con un enfoque preventivo frente a espionaje, sabotaje e injerencias extranjeras. También habilita a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, una decisión que despierta alertas por la posible militarización de tareas internas.
En paralelo, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se traslada esa función al Estado Mayor Conjunto, profundizando la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo.
La reforma no solo vulnera la Constitución Nacional al ampliar facultades represivas por decreto, sino que también debilita los mecanismos de control civil sobre los servicios de inteligencia. En un contexto de ajuste institucional y concentración de poder, la iniciativa reabre un debate sensible: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la seguridad sin poner en riesgo las libertades democráticas.
