Mediante el Decreto 921/2025, el Ejecutivo dispuso que las obras clave del sistema de transporte de energía se financien y ejecuten bajo un esquema de concesión privada.
El Gobierno nacional resolvió que la expansión de la red eléctrica del país se lleve adelante a través de un régimen de concesión de obra pública financiado por capitales privados, según lo establecido en el Decreto 921/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa determina que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica serán licitadas a nivel nacional e internacional, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra Pública, delegando en el sector privado no solo la construcción, sino también la operación y el mantenimiento de la infraestructura.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema al sostener que permite avanzar sin comprometer recursos fiscales directos. No obstante, especialistas del sector advierten que este tipo de modelos suele trasladar los costos de inversión al precio final del servicio, lo que podría derivar en mayores tarifas para usuarios residenciales, comercios e industrias.
El propio Gobierno reconoce que la red eléctrica presenta cuellos de botella estructurales y riesgos crecientes de cortes de suministro. No obstante, la decisión de avanzar sin financiamiento estatal directo reabre el debate sobre el rol del Estado en la planificación y ejecución de infraestructura crítica, especialmente en un contexto de emergencia energética prorrogada hasta julio de 2026.
Otro de los puntos que genera preocupación es la pérdida de capacidad de decisión pública sobre un sistema estratégico para el desarrollo productivo y la integración territorial. Al delegar la operación y el mantenimiento a concesionarios privados, el Estado limita su intervención directa en un área clave para garantizar el acceso equitativo a la energía y la seguridad del abastecimiento.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que la medida apunta a “normalizar” el sector eléctrico y destrabar inversiones postergadas. Sin embargo, críticos del modelo señalan que la experiencia previa en concesiones de servicios públicos en Argentina dejó antecedentes de desinversión, renegociaciones contractuales y un fuerte impacto social cuando la rentabilidad privada se impone sobre el interés público.
El decreto establece además que la Secretaría de Energía será responsable del proceso licitatorio, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control. La concentración de decisiones en un esquema de concesión a largo plazo refuerza la necesidad de mecanismos de control más transparentes y de garantías claras para evitar que la ampliación del sistema quede supeditada exclusivamente a criterios de rentabilidad.
