La Comisión de Legislación Penal se reúne este martes para analizar la iniciativa del Gobierno que propone cambios en el Régimen Penal Tributario, en medio de cuestionamientos por el sesgo regresivo de la propuesta y su impacto en la equidad fiscal.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue convocada para este martes a las 10 con el objetivo de iniciar el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo.
El encuentro se realizará en la sala 7 del tercer piso del Anexo A del Congreso Nacional y será presidido por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión.
Según el temario oficial, durante la reunión se abordará el eje “Reformas al procedimiento tributario y al régimen penal tributario – Inocencia fiscal, antecedentes”, un debate que apunta a revisar el marco normativo vigente y evaluar el alcance de las modificaciones propuestas por el Gobierno.
Cambios en el Régimen Penal Tributario y en la declaración del Impuesto a las Ganancias
La iniciativa, denominada formalmente “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, propone introducir cambios en el Régimen Penal Tributario y en la declaración del Impuesto a las Ganancias. Desde el oficialismo sostienen que el proyecto busca garantizar que los contribuyentes sean considerados inocentes hasta que el Estado demuestre una conducta ilícita, modificando el esquema actual de control fiscal.
Entre los puntos centrales, el texto apunta a reducir la cantidad de causas penales por evasión (delitos que hoy pueden implicar penas de hasta nueve años de prisión) y a otorgar mayores garantías a quienes decidan exteriorizar ahorros no declarados, conocidos como “dólares bajo el colchón”.
Sin embargo, la iniciativa ya despierta fuertes críticas hacia el gobierno de Javier Milei. Especialistas y sectores de la oposición advierten que el proyecto consolida un enfoque que beneficia principalmente a los grandes evasores y a los sectores de mayor poder adquisitivo, al tiempo que debilita la capacidad del Estado para controlar y sancionar delitos tributarios.
En ese sentido, señalan una contradicción entre el discurso oficial de “igualdad ante la ley” y una política fiscal que podría derivar en mayor desigualdad, premiando a quienes incumplieron mientras se mantiene una fuerte presión impositiva sobre trabajadores y sectores medios.
De aprobarse, la propuesta implicaría reformas en la Ley Penal Tributaria, el régimen de multas fiscales, los plazos de prescripción de los tributos y la simplificación de la liquidación del Impuesto a las Ganancias para personas físicas. El debate legislativo recién comienza y anticipa un escenario de fuertes tensiones políticas en torno al modelo fiscal que impulsa el actual Gobierno.
