La organización advirtió por ajuste, represión y debilitamiento institucional durante los dos años de gestión Milei.
Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre Argentina y trazó un panorama alarmante: sostiene que, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el país atraviesa un deterioro acelerado de los derechos humanos, con un Estado que prioriza el control social y desatiende sus obligaciones de protección.
El documento, titulado “Retos en derechos: a dos años de gestión de Milei”, cuestiona la aplicación de la “motosierra” sin evaluaciones de impacto ni instancias de participación democrática. Según el organismo, los recortes impactaron de lleno en áreas esenciales como salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social, mientras que las partidas de seguridad e inteligencia crecieron o tuvieron bajas mínimas.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que el modelo oficial “ajusta a quienes más debería proteger” y advierte que entender los derechos humanos como un gasto descartable conducirá a “un país más desigual y más hostil”, especialmente para mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades empobrecidas.
El informe también alerta sobre un debilitamiento institucional sostenido: el país continúa sin Defensor del Pueblo desde 2009 y persisten acefalías en organismos clave de control. Paralelamente, señala un aumento de la criminalización de la protesta, un clima de hostigamiento hacia la prensa y la estigmatización de voces críticas, lo que configura un “achicamiento del espacio cívico”.
Entre los principales ejes analizados, Amnistía aborda el impacto del aumento de la pobreza, las dificultades de las personas mayores para acceder a una jubilación digna, la represión de movilizaciones, prácticas de cibervigilancia, déficits en transparencia estatal, retrocesos en derechos de mujeres y diversidades, la implementación de la ESI, la crisis climática y la situación de migrantes y refugiados.
La organización concluye que el retroceso no es producto de decisiones aisladas, sino parte de un modelo político que concibe a los derechos como un obstáculo y a la crítica como una amenaza.
