Dialogamos con Eleonora Roncoroni, abogada de Derechos Humanos, sobre el desmonte y despojo territorial al que se enfrenta la comunidad wichí en Salta.
Por Anouk Rubini
En las localidades Misión Chaqueña y Carboncito, Provincia de Salta, la comunidad wichí se encuentra librando una lucha activa contra el desmonte y la apropiación ilegal de sus territorios ancestrales.
La comunidad denuncia intentos de usurpación mediante tala, quema de bosque nativo y alambrado, llevados adelante por el empresario agrícola Claudio Ferrari, quien sostiene vínculos cercanos con la Fiscalía de la zona y desde enero de 2023 busca apropiarse del territorio wichí.
En los últimos días la organización activa de la comunidad, la difusión en los medios y el apoyo de referentes de la Iglesia Anglicana dio algunos frutos, resultando en un mayor respaldo para frenar la apropiación de Ferarri; pero los usurpadores aún no abortan por completo sus avances sobre el monte.
Desde El Resaltador, conversamos con la abogada de Derechos Humanos Eleonora Roncoroni cuya familia wichí forma parte de la lucha, respecto a la historia de ocupación de la zona, el estado actual del conflicto y las acciones de defensa de su territorio ancestral que lleva adelante este pueblo originario.
La tierra en disputa: nuevos intentos de apropiación ilegal
La zona en conflicto es una franja de monte nativo de unas 5.000 hectáreas que le pertenece a la comunidad wichí de las localidades Misión Chaqueña y Carboncito, ubicadas a unos 40km de la ciudad de Embarcación, en el departamento salteño General José de San Martín.
La comunidad habita ese monte desde tiempos ancestrales. El territorio cuenta además con relevamiento georreferenciado y registro en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, esto no ha impedido que personas ligadas al poder e instituciones locales avasallen los derechos constitucionalmente reconocidos de los pueblos indígenas, intentando apropiarse ilegalmente del terreno: desmonte, quema y alambrados vienen siendo un problema recurrente desde 2023.
Quien lleva adelante estas acciones es Claudio Ferrari, empresario agrícola que sostiene vínculos con la Fiscalía local. Tras varias arremetidas infructuosas de Ferrari contra el territorio wichí a lo largo de los últimos dos años, la comunidad denuncia que desde hace un mes, el día 25 de noviembre, trabajadores contratados por Ferrari intentaron nuevamente avanzar con el desmonte de esta zona.
Una vez más las intenciones del empresario fueron frustradas por una resistencia liderada por decenas de mujeres wichí, que se organizaron en una asamblea y decidieron bloquear el camino para impedir el ingreso de más maquinaria, en defensa del monte y de sus derechos como pueblo originario.
No obstante, se necesitan medidas permanentes y efectivas que protejan los derechos de la comunidad wichí sobre su territorio y que modifiquen de raíz los entramados de instituciones locales que garantizan la impunidad a los usurpadores.
Roncoroni nos envío un video sobre el que se pide máxima difusión. Allí Nora, mujer wichí miembro de la comunidad de Carboncito, solicita junto a sus compañeras que se apersonen las autoridades: «Nosotros sufrimos, luchamos: es para los chicos, los grandes, el futuro (..) Necesitamos apoyo de otras comunidades que nos acompañen en la lucha. Estamos acá esperando gente de INAI, de IPIS. Y estamos luchando contra el terrateniente Claudio Ferrari», explica Nora.
«Estas tierras fueron siempre de los wichí»
La abogada de DD.HH. comienza por contextualizar históricamente las pujas territoriales: «Esas tierras fueron siempre de los wichí, sobre todo de Misión Chaqueña, que es la comunidad más antigua que existe en la zona«, puntualiza.
La reforma constitucional del año 1994, que reconoció la preexistencia de los pueblos originarios al Estado y estableció derechos como la personería jurídica y la propiedad comunitaria de las tierras, marcó un punto de inflexión en la historia de ocupación de este monte. A partir de la reforma, una porción del territorio fue restituido a la comunidad. Pero el conflicto no terminó con ese reconocimiento.
En las últimas décadas el área fue desmontada por usurpadores. Actualmente el bosque, último relicto de monte nativo y «el último monte que les queda», según Roncoroni, volvió a crecer en el territorio wichí, pero continúa constantemente amenazado por Ferrari quien apelando al desgaste de la gente avanza impunemente una y otra vez.
La connivencia con la Justicia local
Roncoroni habla sobre la defensa de la comunidad wichí contra la apropiación ilegal de ese territorio en disputa, que comenzó en 2023 con Ferrari.
La especialista en Derechos Humanos denuncia junto a la comunidad wichí que el usurpador Ferrari tiene vínculos de parentesco con la Fiscalía local, lo que le ha garantizado hasta ahora protección en su avanzada ilegal sobre territorio indígena.
«Ferrari entró furtivamente, empezó a desmontar, empezó a a quemar parte del monte. Las mujeres advirtieron la situación y fueron a detenerlo», relata Roncoroni. Luego de ser absurdamente denunciadas por defender su territorio, las mujeres wichí intentaron denunciar ellas mismas la apropiación ilegal y el desmonte, pero la Fiscalía no quiso tomar sus denuncias.
A pesar de tener a las autoridades en su contra, las wichís lograron que Ferrari se fuera, aunque la paz no duró demasiado: el usurpador volvió a ingresar a esta zona de monte.
El monte es sustento y cultura wichí
La entrevistada resalta la importancia vital de esa franja de monte nativo para la comunidad wichí.
«Ahí en esas cinco mil hectáreas no vive nadie, pero es el territorio de vida, de hogar, de las comunidades wichí; porque allí es donde buscan sus frutos, su leña, sus medicinas, es donde sus animales comen», subrayó la entrevistada.
Este año, Ferrari ingresó nuevamente al territorio para desmontarlo. Roncoroni explica que el empresario contrata personas wichís de comunidades aledañas, aprovechándose de la desesperación de quienes, al perder su fuente de sustento que es justamente el monte, necesitan sobrevivir de algún modo y toman el trabajo.
No obstante, la abogada remarca que los wichís de Misión Chaqueña y Carboncito entienden ese sometimiento: «La gente tiene claro que esa es la situación con sus propios paisanos, y que el enemigo es Ferrari».
A pesar de que la comunidad, especialmente las mujeres wichí organizadas, lograron ponerle nuevamente freno al intento de apropiación ilegal del empresario, la situación es precaria y sus derechos están siendo vulnerados en cada intento de apropiación.
La Constitución protege, pero la realidad de estos territorios se maneja con sus propias leyes: lejos de amparar a los wichí, la Fiscalía tomó una denuncia de Ferrari contra las mujeres por defender su propio territorio y la Policía local intentó detenerlas.
Ante la escalada legal, Roncoroni remarca que un abogado especialista en derecho indígena representa a la comunidad wichí y que el magistrado ya realizó una denuncia documentando los hechos de modo completo y fehaciente.
Gracias a este recurso lograron expulsar momentáneamente a Ferrari, pero las acciones aún no se detuvieron: el empresario dejó braseros en el monte y continúa colocando postes de alambrado.
En un municipio donde la mayoría de población es indígena, ninguna autoridad local lo es
La especialista remarca algunas cuestiones clave que definen la lucha wichí por sus derechos humanos, no solo en cuanto a la apropiación ilegal de sus territorios, sino también señalando el círculo vicioso de exclusión y escasez de oportunidades que afecta enorme y desproporcionadamente a las personas de pueblos originarios en Argentina.
En el caso de la población wichí en Salta, por un lado, se ataca y quema el monte, su principal recurso de subsistencia. La vida comunitaria pasa por el monte: sus frutos, sus pasturas, su madera, pero también su significado simbólico y cultural son de suma importancia entre los wichís.
Por otro lado, quienes quieran o necesiten insertarse económica y laboralmente por fuera de la comunidad indígena enfrentan desde el comienzo enormes trabas en el acceso a la educación, empezando por la barrera lingüística. Esto garantiza condiciones estructurales de pobreza y grandes dificultades en conseguir representación política y social para que sus voces, reclamos e identidad sean escuchadas y respetadas.
Al respecto, Roncoroni señala: «Es importante saber y difundir que en un municipio donde la inmensa mayoría es indígena, ninguna autoridad local es indígena. La municipalidad, el juzgado de paz, la fiscalía, escuelas, hospitales y demás instituciones están todas en manos de los no indígenas, los que en la zona se llaman los «criollos», que son una cultura antagonista porque son quienes llegaron a proteger las tierras usurpadas luego de la campaña al Gran Chaco. Fueron los primeros policías, fueron los primeros maestros. Entonces, la situación es muy compleja, porque [los wichís] no tienen ningún tipo de protección por parte de las instituciones locales, todo lo contrario».
«Hasta el momento no tenemos abogados wichí. Tenemos por suerte una médica wichí, hija de una digna guerrera luchadora como fue Octorina Zamora, su hija, Tujuayliya Gea Zamora, es médica, es política y está actuando en la zona», celebra la abogada. Pero la cancha está muy lejos de igualarse.
«Por ejemplo, recién ahora hay algunos docentes wichí. Los wichí hablan su idioma ancestral, se comunican entre ellos con su lengua, no dominan el castellano. En las escuelas, recién ahora empiezan a haber algunos docentes wichí, pero los chicos llegan a la escuela sin hablar castellano y siempre se encontraron con docentes que no hablaban wichí, así que esto es lo que ha influido para que luego ellos no accedan a estudios superiores. Además, económicamente para poder, por ejemplo, acceder a una carrera como abogacía, en Salta solamente lo hacen en la universidad privada, porque en la pública no existe la carrera. Deberían instalarse en la ciudad de Salta o si no ir a Tucumán, donde sí podrían cursar la carrera en una universidad pública, pero económicamente no tienen los medios para hacerlo».
Lo que ocurre con la comunidad wichí y la apropiación ilegal de su territorio en Salta se repite a lo largo y ancho del país. Si bien la Constitución del ’94 fue una conquista histórica que inició acciones reparatorias, reconociendo el derecho a la autodeterminación de pueblos que sufrieron un genocidio tanto físico como cultural, en muchos sentidos el avance solo quedó en los papeles.
La pobreza estructural, la exclusión y un profundo racismo siguen desgraciadamente vigentes en la Argentina del siglo XXI. Escuchar las demandas de las comunidades y hacer efectivos sus derechos humanos desmantelando relaciones de poder que sobreviven desde tiempos coloniales, continúa siendo una de las grandes deudas de la democracia.
