El Gobierno nacional dio el primer paso hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del 44% de las acciones de la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. La medida se enmarca en el plan de ajuste y desestatización impulsado por Javier Milei.
El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y prevé la venta del 44% del capital accionario de la compañía, mientras que el Estado nacional conservará la mayoría de las acciones y el poder de decisión sobre los asuntos estratégicos del sector energético.
Según la resolución, la Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el inventario de bienes, la documentación técnica, societaria y contractual, además de gestionar la valuación de las acciones, que estará a cargo de un banco público. El procedimiento de venta se llevará adelante a través de la plataforma Contrat.ar.
En paralelo, se creará un Programa de Propiedad Participada, que reservará el 5% del capital accionario para los trabajadores de NASA. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la administración de este programa junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La motosierra avanza
El anuncio se inscribe en el contexto del plan de privatizaciones y ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que apunta a reducir la presencia estatal en sectores estratégicos. La decisión genera preocupación en el ámbito energético y sindical por el posible impacto sobre la soberanía tecnológica y el futuro laboral de los trabajadores del sector.
En línea con su política de “achicar el Estado”, Milei avanza sobre empresas públicas esenciales sin evaluar las consecuencias sociales y económicas de estas medidas.
La privatización parcial de Nucleoeléctrica no solo pone en riesgo el control nacional sobre una fuente clave de energía, sino que también refleja la lógica de un modelo que prioriza el mercado por encima del interés público y de la soberanía energética del país.
