El mandatario Daniel Noboa aplica las recetas que le bajan desde el FMI y además un regimen represivo contra quienes van en contra de las políticas impuestas por el organismo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa ha declarado una «guerra interna» que, en la práctica, se dirige contra el movimiento indígena y la protesta social, mientras implementa estrictas políticas económicas exigidas por el FMI. Tras un mes de Paro Nacional y con el país teñido de sangre, la situación es incierta. Analizamos la crisis a través de una entrevista a José Sarango Gualán, miembro de la CONAIE.
Desde hace años, esta columna ha puesto especial énfasis en el modelo político ecuatoriano debido a sus similitudes preocupantes con respecto a nuestra Argentina: crecimiento exponencial del narcotráfico y la violencia social, un endeudamiento crónico con el FMI, palpable intervención extranjera, y una sistemática persecución y ensañamiento contra la protesta social y los pueblos originarios.
La crisis se agudizó tras las elecciones presidenciales del año pasado, donde Noboa logró mantenerse en el cargo a pesar de las denuncias de fraude emitidas por la oposición.
Más que un genuino gobierno democrático, el multimillonario, visto como «hijo pródigo de la oligarquía ecuatoriana» se aferra al poder más respaldado por los militares y Estados Unidos que por el pueblo al que supuestamente representa. Desde la administración de Lenín Moreno hasta hoy, el país no ha cesado de extender la línea de la represión extrema y las violaciones a los Derechos Humanos.
Mientras la prensa occidental centra su atención en Venezuela, en Ecuador las desapariciones forzadas se han vuelto cotidianas. Los muertos en las movilizaciones no cesan y los secuestros documentados en los domicilios de los manifestantes propagan el terrorismo de Estado.
Para comprender el presente ecuatoriano, El Resaltador dialogó con José Sarango Gualán (CONAIE), quien expresa sin reparo: “Estamos sitiados por la fuerza pública, ya que desde el Estado nos han catalogado como terroristas y eso ha permitido usar a los militares como una guerra total, dónde el enemigo es el pueblo, el indígena, el campesino que se manifiesta en contra de las políticas que reducen derechos, reducen inversión pública, y la creciente inseguridad que vive el país en estos momentos”.
Paro, Terrorismo de Estado y “Guerra Interna”
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) activó el paro nacional el 22 de septiembre de 2025, extendiendo la protesta a un mes ante la obstinada negativa del gobierno de Noboa a entablar un diálogo real.
Recién el pasado miércoles, y con tensión interna, la CONAIE anunció el cese del paro y el repliegue de sus bases debido a la brutal represión policial, que dejó un saldo de tres muertos, cientos de heridos y detenidos. El líder indígena, Marlon Vargas, justificó la «decisión difícil» como necesaria para proteger la vida de su gente.
A pesar de detener las movilizaciones, la organización de nacionalidades indígenas exigió al presidente Daniel Noboa la desmilitarización y la liberación de los detenidos. Además, el colectivo afirmó que la lucha continúa a nivel territorial, enfocándose ahora en la campaña por el No a la Consulta Popular como su próximo frente de resistencia política.
El detonante fue el alza del precio del diésel debido a la quita del subsidio por decisión de Noboa, sumado al profundo malestar por el colapso sanitario, la violencia criminal descontrolada y la expansión de la pobreza generada por las políticas de ajuste económico.
La CONAIE, descrita por la analista Natalia Sierra como el «único contrapeso político real» al oficialismo, ha denunciado que la administración actual cerró toda vía de diálogo legítimo. La organización ha reafirmado su disposición a conversar, pero ha dejado claro que «no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión«.
Según José Gualán, el movimiento se erige en rechazo a un gobierno que genera «más pobreza, más inseguridad, más violencia». Desde la óptica gubernamental, la CONAIE es señalada como el verdadero «enemigo» de su declarada «guerra interna,» una estrategia clara para vincular a los manifestantes con grupos del crimen organizado, buscando deslegitimar su lucha y justificar la intervención militar.
Las regiones más afectadas por las movilizaciones se concentraron en las provincias andinas con alta población indígena, como Imbabura, Azuay y el territorio Saraguro (Loja). Paradójicamente, estos fueron territorios donde Noboa obtuvo victorias electorales. La respuesta estatal se ha caracterizado por una brutalidad inusitada: militarización de zonas clave, cortes estratégicos de energía eléctrica e internet en áreas sitiadas, y despliegues de convoyes militares con fines intimidatorios.
El costo humano de esta represión es trágico y se cuenta en vidas perdidas. José Gualán reportó, hasta el momento de su entrevista, realizada hace una semana atrás, decenas de heridos, cientos de personas criminalizadas y la confirmación de dos compañeros asesinados a manos de agentes militares. Los nombres de estos compañeros, que, según la CONAIE, «habitarán la historia del país para siempre«, son:
Efraín Fuérez: Comunero asesinado con impactos de bala en Imbabura (Otavalo). Testimonios documentados muestran a militares pateándolo y golpeándolo con sus fusiles tras haber sido herido.
José Alberto Guamán: comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos y agricultor de la comunidad de Chachibiro.
Rosa Elena Paqui Seraquive: Adulta mayor asesinada en Saraguro-Loja, quien, según testigos, no estaba participando activamente en las protestas.
Ante esta situación, organizaciones sociales, expertos en derecho internacional como Raúl Zaffaroni y diversas asociaciones civiles latinoamericanas han notificado al Ejecutivo ecuatoriano que evalúan elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU.
Las demandas clave incluyen el cese inmediato de la política neoliberal y la represión estatal; el cese de la persecución judicial; el respeto irrestricto a la Constitución; la garantía de los derechos sociales; la advertencia sobre la posible comisión de Crímenes de Lesa Humanidad; y la exigencia de un diálogo real y sin condiciones previas.
«Durante los últimos discursos del presidente de la república, prácticamente nos desconoce como ciudadanos, lo cual ha provocado una persecución descomunal, represión y asesinatos por parte de la fuerza pública. Otro de las formas de violencia es la intimidación que existe cuando entran los comboys militares a las comunidades indígenas a altas horas de la noche a perseguir y agredir a a todos sin importar si son niños, mujeres, ancianos, etc. Otra de las formas de violencia es también la como nos limitan la comunicación, inhibiendo la señal de internet, señal de celulares, cierre de radios comunitarias, cierre del canal de tv del movimiento indígena de Cotopaxi y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos», denuncia José.
Desapariciones Forzadas, parte del plan sistemático
La estrategia represiva del gobierno de Daniel Noboa, que ha depositado la seguridad interna en las Fuerzas Armadas y ha seguido la doctrina de guerra al narcotráfico promovida por Estados Unidos en la región (siguiendo modelos como el colombiano de más de veinte años), ha instaurado un patrón sistemático de violaciones a los Derechos Humanos. Este accionar recuerda las épocas más oscuras de la historia regional.
El caso de Dave Loor, un albañil de 21 años desaparecido desde el 24 de agosto de 2024 tras ser detenido brutalmente por cinco militares encapuchados en Guayaquil, sumándose a eventos como la desaparición y posterior asesinato de cuatro adolescentes en el barrio Malvinas Argentinas, también a manos de militares ecuatorianos, son casos emblemáticos -y capaz los más conocidos- de una realidad que se extiende en todo el territorio ecuatoriano como una sombra terrorífica.
Según datos de Amnistía Internacional (AI), se han documentado al menos 43 desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales desde el inicio del mandato de Noboa.
Esta cifra, inédita y alarmante, se enmarca en un contexto donde la Fiscalía ha registrado un aumento significativo en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pasando de 6 casos en 2023 a 19 en 2024, el mismo año en que se declaró la “guerra interna”. Las denuncias formales por abusos cometidos por agentes estatales se dispararon un 125% en el mismo periodo.
Actualmente, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha cuantificado 377 vulneraciones a los derechos humanos registradas a lo largo del Paro Nacional.
El uso del Ejército, una fuerza entrenada para el combate y no para la protección civil como la Policía Nacional, para labores de patrullaje urbano y administración carcelaria, evidencia que Noboa asumió las consecuencias inevitables: la degradación de las propias fuerzas armadas, el incremento de las violaciones a DD.HH. y la comisión de crímenes sistemáticos.
¿Cambio de constitución a la medida del líder del régimen?
La escalada autoritaria del gobierno de Daniel Noboa no se detuvo en la calle; apuntó directamente a reescribir el marco legal del país. Días después del decreto del diésel, Noboa lanzó el decreto 148, convocando a una Consulta Popular para validar la instalación de una Asamblea Constituyente.
Ana María Acosta, periodista del medio comunitario Wambra, subraya que Noboa buscó con esto saltarse el control de la Corte Constitucional (CC) para forzar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a incluir la pregunta en el plebiscito ya convocado.
La ley ecuatoriana exige que toda consulta popular pase por la revisión de la CC para dictaminar su constitucionalidad.
Sin embargo, en la noche del 19 de septiembre, justo cuando Noboa firmaba el decreto, la Corte se preparaba para emitir su fallo. En un acto de presión sin precedentes, Acosta reporta que «policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba» percibido como un intento directo del Ejecutivo para anular cualquier resolución contraria.
A pesar de la coacción, el CNE procedió, iniciando el proceso electoral para preguntas ya avaladas por la Corte, como la que permite bases militares extranjeras (hoy prohibidas) y la que busca eliminar el financiamiento estatal a partidos, debilitando así a la oposición.
Finalmente, el pasado 24 de septiembre, la Corte Constitucional dictaminó favorablemente, abriendo la vía para preguntar al pueblo si desea una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna, programada para el 16 de noviembre de 2025.
El objetivo del Ejecutivo es consolidar un andamiaje legal para su proyecto de neoliberalismo autoritario. Algo parecido a lo que hizo Javier Milei en Argentina pero sin ninguna pregunta a su población, mediante el decreto 70/23 y la «Ley Bases».
No obstante, el Paro Nacional ha articulado un fuerte rechazo a esta maniobra. El «No a la constituyente» ya es una consigna central en las protestas, y la CONAIE ha llamado explícitamente a votar en contra como rechazo total a las medidas de ajuste.
Si bien el paro no logró revertir el alza del diésel ni la desmilitarización, el creciente descontento y los ataques a organizaciones están forjando una alianza anti-Noboa importante. El objetivo ahora es detener que el líder del régimen legalice su terrorismo y dependencia a EE.UU.
La suerte de Ecuador se debate entre calle y terror de Estado, entre neoliberalismo militarizado y movimiento indígena en paro permanente. Todo en un contexto donde Estados Unidos se lanza de lleno sobre toda Latinoamérica para replegarse en lo que considera su patio trasero. Dependerá de la fuerza popular su suerte o fracaso en su misión neocolonialista.
