Aunque el Congreso rechazó los vetos de Javier Milei y ratificó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, el Ejecutivo las promulgó sin habilitar los fondos necesarios para su aplicación. En los hechos, ambas normas quedan suspendidas hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento.
El Gobierno nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei.
No obstante, la aplicación de ambas normas quedó en suspenso: el Ejecutivo exige al Parlamento que determine de dónde saldrán las partidas presupuestarias para cubrir los gastos que implican.
Mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó la promulgación de las leyes 27.795 y 27.796. Pero, en una maniobra que se repite con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno no habilitó los recursos necesarios para su cumplimiento.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había sentado precedente el 22 de septiembre, cuando sostuvo que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” derivadas de la ley de discapacidad. Ahora, el Ejecutivo mantiene la misma postura con las normas que benefician a las universidades públicas y al sistema de salud pediátrica.
Financiamiento universitario: una ley sin fondos
El Decreto 759/2025 promulgó la Ley 27.795, que busca garantizar el financiamiento de la educación universitaria, recomponer los salarios docentes y no docentes, y fortalecer becas, investigación y extensión.
Según estimaciones oficiales, la norma tendría un costo de $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
Sin embargo, el decreto aclara que la aplicación de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional 2026. La Procuración del Tesoro advirtió que ejecutar la norma sin esos recursos sería “incompatible con la ley” y podría generar “responsabilidad funcional” en los funcionarios.
Emergencia pediátrica: el Garrahan en espera
Por su parte, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y en las residencias de salud por un año.
El objetivo es reforzar el sistema sanitario infantil, recomponer salarios, ofrecer incentivos fiscales y reconocer al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad.
El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, pero el propio decreto advierte que los recursos previstos (reasignaciones internas del Ministerio de Salud y reservas para contingencias sanitarias) no son suficientes.
Un patrón de veto encubierto
Aunque el Congreso votó y ratificó las leyes por amplia mayoría, el Gobierno encuentra en el artículo 5° de la Ley 24.629 un instrumento para mantenerlas en pausa. En la práctica, se trata de una forma de veto encubierto: promulga las normas pero las deja sin presupuesto, impidiendo su implementación efectiva.
Mientras tanto, hospitales, universidades y trabajadores de ambos sectores siguen esperando que las emergencias declaradas por ley se transformen en políticas reales.
