Una vez más, Perú cambió de representante como de día. La destitución de Dina Boluarte decantó en la asunción de un nuevo «presidente», José Jeri, quien impuso el estado de emergencia que prohíbe las protestas, las reuniones sociales, la movilización en moto y abrió la posibilidad de las fuerzas de seguridad de ingresar a los domicilios sin orden judicial. Mientras la llamada «Generación Z» despierta en Lima y las provincias profundizan una lucha histórica, la decadencia social atenta diariamente contra la tan ansiada y lejana estabilidad.
La capital de Perú, Lima se encuentra en estado de emergencia dictado por las nuevas autoridades del poder Ejecutivo. ¿Qué sucede en la nación andina?
El 10 de octubre, el Congreso peruano, en una nueva maniobra palaciega, disolvió el pacto con la múltiples veces acusada por violación a los DDHH, Dina Boluarte, y cambió de rostro. El arma de la vacancia, vital para un Congreso de escasa legitimidad social y hegemonizado por la derecha liberal peruana, fue gatillada otra vez.
El octavo “presidente” en una década, es José Jerí, denunciado por violación sexual. Reemplazó a Dina Boluarte, quien, acusada por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones a los derechos humanos en las masacres durante el golpe de Estado que —junto al Congreso— ejerció contra Pedro Castillo, no pudo esquivar el tiro de gracia del Parlamento, como lo había hecho en siete oportunidades durante su ilegítima gestión.
Por la espalda, como ella hizo con Castillo, el fujimorismo (Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, hija del dictador ya fallecido) y el denominado acuñismo (Alianza Para el Progreso, encabezada por el derechista César Acuña Peralta), entre otras facciones, liquidaron el mandato de su socia. Boluarte ahora se encuentra refugiada en su casa, custodiada por las mismas fuerzas de seguridad que, durante los últimos meses de protestas, continuaron con su sistemática represión social.
En ese marco, José Jerí, declaró el estado de emergencia por 30 días en dos localidades de Perú: en Lima, la capital andina, y el vecino puerto del Callao.
La resolución suspende varios derechos constitucionales, entre los cuales están incluidas las protestas, las reuniones sociales, la movilización en moto y mientras abre la posibilidad de las fuerzas de seguridad de ingresar a los domicilios sin orden judicial.
Fuera del recinto, la espiral de violencia no tiene techo. El crimen organizado crece y se hace institución, funcionando como una industria (i)legal y legítima para la élite limeña. A través de este terror, la oligarquía no solo logra ganancias que no tiene por qué declarar, sino que genera un control social tercerizado mediante la empresa del miedo a la inseguridad. La corrupción carcome de izquierda a derecha, dejando a un Perú profundo tan harto como impotente.
“Nos gobierna la vergüenza”, se lee en uno de los tantos carteles hechos a mano por una manifestante que bien representa a una mayoría trabajadora hastiada de una clase política dirigente que solo vela por sus intereses.
El régimen de Jerí ya tuvo a su primer asesinado
La jornada de protesta nacional del 15 de octubre en Perú se convirtió en otro capítulo oscuro de la crisis política, marcada por la brutalidad policial que, según diversas organizaciones de derechos humanos, constituye una escalada de violencia de Estado. La represión orquestada por el régimen de José Jerí dejó un saldo de más de 100 heridos y confirmó el asesinato de un joven en el centro de Lima.
El medio comunitario Wayka y la periodista Silvia Bardales Q. documentaron el trágico final de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, conocido en la escena musical urbana como “Trvko” Ruiz, padre de un niño, fue impactado por una bala en el tórax cerca de la Plaza Francia, falleciendo en el Hospital Loayza.
Testimonios recogidos en el terreno señalan directamente a un agente del cuerpo encubierto, el grupo «Terna«, como el autor del disparo a quemarropa, un hecho que la Fiscalía ya investiga como un caso de graves violaciones a los derechos humanos y que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) no duda en calificar como una “ejecución extrajudicial”.
La (CNDDHH) y Amnistía Internacional condenaron el accionar del Estado. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, denunció en el medio Wayka que los patrones represivos bajo el mandato de Jerí son una réplica exacta de las prácticas criminales vistas durante los regímenes anteriores de Dina Boluarte y Manuel Merino.
Según Pérez, se observó un uso “desproporcionado e injustificado” de la fuerza, con gases lacrimógenos y perdigones disparados directamente al cuerpo de manifestantes pacíficos, ignorando la presencia de niños y ancianos, tal como ocurrió con la muerte de Víctor Santiesteban en 2023.
Entre el centenar de heridos se encuentra otro joven, Luis Reyes Rodríguez, quien permanece en coma con una fractura craneal severa por un impacto contundente, evidenciando la política de amedrentamiento y castigo del régimen contra cualquier forma de disidencia.
La impunidad, lejos de ceder, parece consolidarse como una política de Estado que garantiza la repetición sistemática de este tipo de crímenes. Todo ante la mirada cómplice de la clase política peruana, que ya cuenta con más de 50 personas asesinadas en las masacres de Juliaca, Ayacucho y Andahuaylas, aquí escritas.
¿El nuevo títere del fujimorismo?
El nombramiento de Jerí, quien resolvió el estado de emergencia mencionado, como el nuevo dictador de turno en Perú, revela una profundización en la degradación moral y política de la élite limeña. Jerí no solo carece de legitimidad popular, sino que llega al máximo cargo del Ejecutivo con un prontuario que incluye graves acusaciones.
Según detalla Página/12, uno de los cuestionamientos más serios contra Jerí es la denuncia por violación sexual interpuesta en enero de 2025. La víctima afirmó haber perdido el conocimiento en una reunión social y despertar con lesiones.
A pesar de que el caso fue archivado en agosto de 2025 por la fiscalía suprema, bajo la dirección de Tomás Gálvez, se sospecha que, como en otros tantos casos similares, la justicia falló a favor de la impunidad, especialmente si se tiene en cuenta que el otro implicado, Marco Cardoza Hurtado, habría abandonado el país antes de ser citado.
“José Jerí tampoco fue elegido democráticamente como presidente de la República. Es otro Manuel Merino, Dina Boluarte, desde la presidencia del Congreso, con sus propios escándalos de corrupción y abusos sexuales que quedaron impunes. No representa la voluntad del pueblo peruano, sino la de los oligarcas adinerados que controlan el sistema neoliberal y colonial, responsable de robar y asesinar a la clase trabajadora y campesina por exigir dignidad, soberanía y buen vivir”, expresó en sus redes la organización de DDHH peruana, Kuska.
A esto se suman graves sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Se ha reportado que el patrimonio personal de Jerí creció de forma abrupta e inexplicable, pasando de S/ 96.644 en 2021 a más de S/ 1.157.794 en 2024. Además, se le imputa haber recibido un soborno de S/ 150.000 para favorecer un proyecto de irrigación en Cajamarca mientras ejercía funciones en la Comisión de Presupuesto.
“No representa al pueblo, representa los mismos intereses detrás del golpe de estado de la oligarquía peruana, el fujimorismo y el imperialismo al verdadero presidente, Pedro Castillo. Blindaron a Dina Boluarte y que hoy intentan perpetuar la impunidad mediante una estrategia mafiosa frente al fraude electoral del 2026”, reza el documento de Kuska.
La ilegitimidad del nuevo rostro dictatorial es tal que la resistencia popular fue inmediata. Las protestas no le han dado tregua: las movilizaciones lideradas por la «Generación Z», que rechaza desde un vamos a Jerí, estallaron en las calles apenas asumió, demostrando que hay un Perú profundo no está dispuesto a aceptar un nuevo títere.
“Reafirmamos que el único presidente legítimo es Pedro Castillo Terrones, secuestrado y convertido en preso político hace más de mil días, víctima del lawfare y de las instituciones corruptas que avalaron el golpe”, concluyen las y los activistas de DDHH.
¿Juventud divino teZoro?
La más reciente oleada de protestas en Perú tiene condimento especial que antes no. Un motor visible y desafiante: la llamada «Generación Z». Integrada principalmente por jóvenes estudiantes y trabajadores, esta fuerza emergente se levanta contra un sistema político en colapso, hastiada de la corrupción, la precariedad económica y la impunidad.
El hartazgo juvenil se intensificó con medidas gubernamentales que afectan directamente su futuro. Un punto de quiebre fue la nueva reforma en el régimen de jubilación, impulsada por el Congreso, que obliga a realizar aportes incluso en un país con un 70% de informalidad laboral y prohíbe a los menores de 40 años realizar retiros de sus fondos. Esta Ley 32.123, implementada en febrero, fue rechazada con firmeza por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), al denunciar un recorte en los derechos de los trabajadores.
Las protestas, que se masificaron en septiembre bajo la consigna “El pueblo se levanta, día del despertar peruano”, rechazan la ilegitimidad del régimen de facto y exigen justicia por las 50 muertes. A esta demanda central se suma el repudio a las elevadas dietas de los legisladores y la inacción del Estado frente a la ola de inseguridad y crímenes que, por ejemplo, ha costado la vida de decenas de transportistas por extorsión.
Este movimiento juvenil ha adoptado un símbolo de resistencia que trasciendes fronteras: la bandera pirata del popular anime One Piece. La elección de este emblema representa la libertad, la rebelión contra la opresión y la búsqueda de justicia.
Frente a la brutalidad policial y las agresiones, activistas de la “Generación Z” calificaron de “dictador” a Jerí a través de comunicados difundidos en redes sociales. El Frente de Egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se sumó a estas denuncias, repudiando el uso de la fuerza ilegítima. En su manifiesto, los jóvenes exigen no ser subestimados, declarando: “No somos delincuentes. Somos personas de bien ejerciendo nuestro derecho a protestar” y advirtiendo: “Somos la generación que no calla, somos la Generación Z del Perú”.
Con Jerí asumiendo el cargo y la violencia estatal cobrándose la vida del artista ‘Trvko’, la «Generación Z» se consolida como la vanguardia de un frente de resistencia que incluye a transportistas, docentes y comunidades indígenas, unidos contra un sistema al que acusan de corrupción y represión sistemática.
